La consejera de Presidencia e Igualdad y secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha avisado estar sorprendida ya que considera que el último atestado remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la juez Mercedes Alaya, que investiga la posible administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, está basado "en valoraciones, suposiones y hechos no probados". Además, Díaz ha afirmado que no comparte "ni el fondo ni las concluiones del informe" ya que la consejera afirma que "es totalmente falso que los altos cargos consintieran la destruccion de informacion sobre los expedientes de regulación de empleo" y ha negado tajantemente que José Antonio Griñán, presidente del Gobierno andaluz, conociese o consintiese los hechos investigados. Díaz, de hecho, afirma que "toda la información se ha trasladado y se ha puesto en conocimiento de la jueza del caso".
Así mismo, la consejera asegura que la Guardia Civil "no concluye nada en su informe" y considera que estas valoraciones de "son impropias". Díaz considera que se trata de una causa "contra la Junta y el Gobierno de Andalucía y de un procedimiento inquisitorial ". Si bien, Díaz ha recordado que a pesar de todo esto "la Junta está trabajando y colaborando para que se devuelva hasta el último céntimo que haya salido de manera irregular". Finalmente Díaz ha solicitado que se actúe "con rigor" y que no se usen "valoraciones y suposiciones" para "dañar" al Gobierno andaluz y la Junta de Andalucía.
En declaraciones a los medios de comunicación durante el congreso provincial extraordinario del PSOE de Sevilla, que se celebra en San Juan de Aznalfarache, Díaz ha señalado que no comparte "ni el fondo ni las conclusiones" del atestado remitido a la juez bajo el título 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010', compuesto por el informe en sí acompañado por 50 anexos y que ha motivado que la magistrada suspenda todas las declaraciones previstas de imputados a fin de proceder al estudio del atestado.
En este atestado, los investigadores de la UCO de la Guardia Civil muestran sus sospechas acerca de que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación". Los investigadores señalan además, en este atestado, que "los miembros del Consejo de Gobierno sí conocerían el sistema utilizado" para conceder las ayudas investigadas, "participando en mecanismos que lo harían viable". Dado el caso, Susana Díaz ha tachado de "falsa" la tesis de que "el Gobierno andaluz conociese o consintiese la destrucción de documentación" en la Consejería de Empleo, porque "toda la información de la Consejería de Empleo ha sido trasladada a la juez". Igualmente, ha negado rotundamente que José Antonio Griñán "conociera" los hechos investigados durante su anterior papel como consejero del Ejecutivo andaluz. Al respecto, ha avisado de que Griñán ni tan siquiera formaba parte del Gobierno autonómico cuando, en 2001, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía firmaron el convenio destinado a canalizar las ayudas investigadas.
"En este atestado no aparece nada nuevo. No se concluye nada que la propia Junta no hubiese puesto ya en conocimiento de la juez", ha abundado Susana Díaz, quien ha insistido en que la UCO ha elaborado este atestado únicamente a partir de "valoraciones, sospechas, suposiciones e indicios", si bien este último término ha sido matizado hacia el significado de presuposiciones. "Me sorprende enormemente que la Guardia Civil haga este tipo de valoraciones, basándose exclusivamente en sospechas y suposiciones", ha manifestado la consejera de Presidencia, quien cree "impropias" las argumentaciones de la Guardia Civil al carecer de "medios probatorios". En ese sentido, y siempre con relación a esta investigación, ha alertado de una "causa general contra la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Junta, con un procedimiento inquisitorial que lo que tiene son fines partidistas". "Si el presidente de la Junta no fuese Griñán, seguramente no se estarían haciendo este tipo de suposiciones o valoraciones", ha aseverado la consejera.
