I. M. / D. C.
Los protagonistas políticos de la crisis por el realojo de las familias de la Corrala de la Utopía, que a punto estuvo la pasada semana de hacer saltar por los aires el Gobierno andaluz de PSOE e IU, se empeñan ahora en escribir el guión de la reconciliación y alejar la inestabilidad y la idea de unas elecciones autonómicas adelantadas al otoño. En eso están los líderes políticos de las dos fuerzas coaligadas en la Junta, aunque la presidenta Susana Díaz admitió ayer en la cadena SER que barajó romper con sus socios y convocar unas elecciones anticipadas si IU no aceptaba rectificar los realojos conforme a la «legalidad».
Cerrar las heridas va a ser complicado, por más que los dos partidos insistan en que la pugna es «agua pasada», según dijo ayer el coordinador federal de IU, Cayo Lara. La presidenta de la Junta también aseguró que lo que le ocupa ahora es «dar estabilidad y gobernabilidad a Andalucía». Su misión, aseguró, es que el Gobierno «cuanto antes recupere la velocidad de crucero».
La líder de los socialistas andaluces se mostró convencida en la SER de que hizo lo que debía y de que el tiempo le ha dado «la razón». Recordó que en un principio fueron 22 las familias expulsadas de la corrala por la Policía por orden judicial y realojadas por la Consejería de Fomento y que de ésas, finalmente solo ocho familias han sido realojadas. Igualmente incidió en que estos casos se revisarán de nuevo por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla que deberán volver a baremar la situación de exclusión. Díaz insistió en que hay 12.000 familias en Sevilla esperando una casa y que las viviendas sociales tienen que ir «para quien más lo necesita y no para quien la ocupe ilegalmente». «A mi se me ha dicho de todo, que enfrentaba a pobres contra pobres o que no me importaba que la gente durmiera debajo de un puente», dijo ayer la dirigente socialista. A su juicio en esta crisis ha cogido «el toro por los cuernos».
Díaz sostuvo que la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), va a permanecer en su Gobierno e insistió en que serán ahora los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla los que certifiquen de maner aurgente en qué situación están las ocho familias que se han realojados provisionalmente y si pueden permanecer en los inmuebles que se les han cedido provisionalmente. Cortés, por su parte, se guardó ayer mucho de polemizar con la presidenta y se limitó a asegurar en Cuatro Televisión que «las cosas se pueden hacer mejor» y que el andaluz es un gobierno que «cuida a la gente y sale fortalecido». No obstante la Consejería de IU sigue negando que se hayan hecho nunca 22 realojos. Fomento ha estado al frente del problema con la corrala de la Utopía, que surgió cuando hace dos años un conjunto de familias ocupó un bloque de viviendas vacías de Ibercaja. Desde hace año y medio la consejería de Cortés y el Defensor del Pueblo han estado negociando una solución con la entidad bancaria.Fomento insiste en defender la legalidad de su actuación con los realojos y defiende que han actuado por mandato judicial, con una sentencia en la mano que ordenaba a las administraciones a dar una solución urgente a las familias en riesgo de exclusión. Cortés recordó ayer que en Andalucía los bancos tienen más de un millón de casas vacías y que 100.000 familias esperan una solución urgente. La consejera acusó al Ayuntamiento de Sevilla de haberse «quitado de enmedio». El viceconsejero de Fomento, José Antonio García Cebrián (IU), aseguró que en su departamento no existe «preocupación» por la baremación que el Ayuntamiento realice de los expedientes puesto que sus realojos han sido «correctos».
Desde el consistorio, la concejal de Asuntos Sociales, María Dolores de Pablo-Blanco, confirmó que había estado en contacto telefónico con el subdirector de la Agencia de Vivienda, Rafael Ibáñez, que remitirá al Ayuntamiento un listado con los datos de las ocho familias realojadas en pisos de la Junta. Serán ahora los servicios sociales del Ayuntamiento los que analicen sus circunstancias socioeconómicas y emitan el dictamen técnico. El consistorio ya analizó la situación de estas familias en mitad de la negociación con Ibercaja. La delegada recordó que en Sevilla hay 12.000 demandantes de VPO, de los cuales 388 reúnen todos los requisitos exigidos por los servicios sociales para evaluar los distintos grados de exclusión. «De las familias desalojadas solo dos aceptaron la evaluación de los servicios sociales y ocuparían los puestos 100 y 122 de demandantes», indicó. Quien más provecho está tratando de sacar a esta crisis es el PP andaluz, cuya número tres, Virgina Pérez, anunció que pedirán un pleno urgente en el Parlamento para explicar los realojos y que Díaz explique por qué «ha tirado sus principios por el retrete y de ja a IU que desgobierne Andalucía». La dirección colegiada de IU, reunida ayer, optó por un distanciamiento meditado de la prensa. Todos apelaron a la «tranquilidad» y cerraron filas en torno al coordinador regional, Antonio Maíllo. La cúpula de IU no descarta que las elecciones se precipiten a final de año.
