No tenía margen la candidata socialista a presidir la Junta para realizar grandes anuncios ni rimbombantes promesas. Esos debates de investidura forman parte ya de la historia reciente. Susana Díaz no tiene crédito, ni económico ni social, para eso. Su primer gran reto político será dar forma al quinto presupuesto en crisis y recoge el testigo en una comunidad con un 36% de paro, donde las encuestas confirman una vez tras otra el desgaste de una clase política que es considerada el tercer problema de los ciudadanos y percibida como incapaz de resolver los problemas reales. Por eso, la primera mujer que ocupará la presidencia de la Junta, se aferró a lo posible. Lanzó una batería de medidas concretas destinadas a reforzar los controles para evitar la corrupción, una de las grandes lacras del sistema. Y se inclinó por un discurso económico esperanzador, destinado a tratar de ahuyentar el pesimismo, dando por hecho que se puede superar la crisis. Ése fue su debut en el Parlamento como primera espada. En 25 folios y una hora larga. Díaz desgranó la hoja de ruta de su futuro Gobierno con dos prioridades: la lucha contra la corrupción y nuevos aires para salir de la crisis. Ante una tribuna repleta de invitados y autoridades, con aplomo y sin salirse del guión escrito, Díaz, de negro y blanco, arrancó su debate de investidura con una serie de medidas concretas para atajar la corrupción. Me avergüenza la corrupción, rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas, aseguró como declaración de intenciones a los pocos minutos de comenzar. Propondrá modificaciones legales para que la Cámara de Cuentas pueda fiscalizar la contabilidad de los grupos políticos en el Parlamento, pidió multas para los responsables políticos que eludan rendir cuentas, propuso prohibir las donaciones privadas a los partidos y que las declaraciones de la renta de los cónyuges de los responsables públicos también se hagan públicas. Todas estas medidas se las propondrá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera entrevista para alcanzar un pacto por la regeneración política en el país. No son iniciativas de nuevo cuño. La mayoría formaron parte de las propuestas que los partidos políticos del arco parlamentario andaluz marearon sobre una mesa de negociación que lleva un año abierta y que encalló hace poco, antes del verano, dejando en vía muerta lo que se llamó el Pacto por Andalucía. No fue óbice para que Díaz volviera ayer a llamar al diálogo entre las fuerzas políticas para abordar este asunto. caso ere // En pleno escándalo de los ERE, cuando la justicia investiga una trama corrupta que presuntamente desvió fondos públicos de Empleo durante una década, Díaz prometió dureza contra la corrupción en un intento de recuperar la imagen del PSOE y la Junta, tan deteriorada por este escándalo como el PP por el caso Bárcenas y el asunto de los sobresueldos. Eso sí, la futura presidenta evitó en todo momento mencionar directamente este caso que ha tenido presa la agenda política en Andalucía los últimos dos años y que, al final, ha sido admitido por José Antonio Griñán como una de las razones que más han pesado en su repentina marcha de la primera fila política. No hubo sustos en el discurso de quien con toda probabilidad será hoy nombrada presidenta gracias a los votos de PSOE e IU y que tiene previsto tomar posesión el próximo sábado. Su apuesta: un tiempo nuevo con más transparencia en la gestión pública y compromisos como que las reuniones del Consejo de Gobierno sean públicas o que acudirá al Parlamento cada seis meses para rendir cuentas de su actividad. A su Gobierno, que aún no se conoce, le ha exigido que salga de los despachos a la calle: La proximidad y la cercanía con los ciudadanos no será un eslogan sino una obligación. El otro gran asunto de su discurso fue la crisis económica que asola a la comunidad. Se dirigió directamente a los empresarios privados para garantizarles que tendrán en su Ejecutivo una aliado e hizo especial hincapié en el papel de las pequeñas y medianas empresas en el tejido empresarial andaluz. Hay que pasar de la subvención al incentivo y acabar con las inercias, defendió. Convocará un gran pacto para redefinir el modelo económico y se comprometió a poner en marcha un Instituto de Crédito andaluz, una banca pública que es una de las grandes aspiraciones de sus socios de Gobierno de Izquierda Unida, a quienes dejó claro que asume en su integridad el acuerdo programático cerrado tras las elecciones como hoja de ruta fundamental de la legislatura. En su discurso también otro clásico, el compromiso de reducir burocracia para la creación de empresas. Díaz se comprometió además a crear un Observatorio de Tierra, para poner en marcha el banco público de tierras que también reclaman desde IU e introducirá cláusulas sociales en los contratos públicos de la administración. No habrá novedades importantes en la política fiscal, una de las vías que podría explorar la comunidad para elevar sus ingresos en un momento de asfixia financiera. Díaz adelantó que no habrá subida ni creación de nuevos impuestos. Quizás una de las pocas aspiraciones de los socios que no serán atendidas. Solo habló de efectuar las modificaciones oportunas en el sistema tributario para incrementar la progresividad. La Junta tiene la posibilidad de elevar la presión fiscal en el tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas, aclaró el Gobierno. Una idea que Díaz ni siquiera concretó. Su mensaje fue más en la línea de no crear nuevos tributos. Además anunció una ley que regulará el acceso a los beneficios públicos, destinada a controlar los abusos en las ayudas y subvenciones, y, de nuevo, medidas contra el fraude fiscal, que están incluidas ya en el acuerdo con IU y aún duermen en un cajón de San Telmo. sector público // Tampoco fue mucho más explícita la futura presidenta en otra de las grandes reformas que tiene pendiente la administración andaluza. Sí anunció que una comisión de expertos independientes analizará una posible reforma del sector público andaluz con un compromiso temporal, deberá concluirse antes de 2014. La Junta debe reestructurar sus empresas públicas pero tiene el hándicap del empleo, que ha prometido no destruir. Un gobernante responsable no puede estar solo pendiente del IBEX 35, fue una de sus frases de efecto más aplaudidas. Entre sus compromisos situó también introducir un indicador sobre la desigualdad en las políticas económicas y presupuestarias de la Junta. En el ámbito nacional, la socialista defendió el papel de las comunidades autónomas y abogó porque frente al separatismo catalán, Andalucía vuelva a jugar el papel de fiel de la balanza. Su primera ronda de entrevistas una vez que tome posesión será con los alcaldes andaluces, lo que despertó un murmullo entre las filas del PP, responsables de los principales gobiernos locales en Andalucía y que llevan año y medio reprochándole al presidente en funciones, José Antonio Griñán, que no se reúna con los regidores andaluces. Díaz convenció a los suyos, recibió el aplauso de sus socios y no logró aligerar el peso de las contundentes críticas que recibe desde el Partido Popular. Su discurso, que arrancó con una reivindicación del hecho histórico de que una mujer llegue a la presidencia de la Junta y una condena al machismo y la violencia de género, fue muy bien valorado por sus compañeros de filas y desacreditado por la oposición, que hoy tendrá su turno y es difícil que se apee de su discurso de farsa y fraude respecto a este relevo en el Gobierno andaluz.