Dentro del palacio de San Telmo, el Gobierno andaluz y el primer banco de la región sellaron ayer un acuerdo millonario para financiar proyectos empresariales que generen empleo, revierta la pobreza infantil, facilite el acceso a la vivienda, ayude a los vulnerables y ofrezca becas a universitarios. Fuera del palacio, en la calle, un puñado de familias vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca protestaba porque el banquero en cuestión, Isidro Fainé, presidente de La Caixa, dirige una entidad que «niega la dación en pago, niega el alquiler social a personas en riesgo de exclusión y negocia menos que otros bancos para evitar desahucios», denunció Clara Pérez. Ella y otras tres familias aguardan el desalojo inminente de sus viviendas, no han logrado pactar la entrega del piso a cambio de saldar la deuda, y llevan tres semanas ocupando la sede territorial de la entidad catalana en Sevilla.
La Caixa, la banca con mayor volumen de negocio en Andalucía (941 oficinas y una cuota de mercado en créditos y depósitos del 15%), firmó un convenio por el que se compromete a impulsar una línea de financiación de 2.000 millones a pymes y autónomos, que accederán a ese dinero a través de las Cámaras de Comercio. Además se renueva el acuerdo de la obra social, con 50,3 millones, y 2.100 becas para jóvenes desempleados. El acuerdo incluye inversiones en el ámbito social, educativo, cultural, científico y medioambiental, y se articulará a través de becas de postgrado y de ayudas al empleo juvenil y a la inserción para parados de larga duración.
Este convenio es el de mayor envergadura de todos los firmados por la presidenta Susana Díaz en lo que va de año. También proyecta más peso político que los acuerdos anteriores con el Banco Santander, Telefónica y Endesa, no en vano la presidenta andaluza buscó la complicidad y la alianza estratégica de Fainé en su visita a Cataluña, hace dos semanas, para acceder al empresariado catalán, y para apuntalar su discurso en defensa de la unidad de España ante el órdago secesionista del president Artur Mas. El banquero catalán no se prodiga en actos públicos (mucho menos fuera de Cataluña), tiene una agenda casi sin espacios en blanco y su presencia ayer en la sede del Gobierno andaluz escenifica la fuerza política que ha alcanzado Susana Díaz en apenas seis meses. Por si hubiera dudas, el propio Fainé subrayó su compromiso ante la presidenta con estas palabras: «He pedido a nuestra organización que se vuelque con Andalucía, que es un motor de progreso para esta comunidad».
Al margen del convenio, Díaz anunció que su Ejecutivo y La Caixa cerrarán esta semana los flecos de un crédito de más de 368 millones, a corto y largo plazo, con el que la banca catalana inyecta liquidez para financiar al Gobierno andaluz. El crédito que la banca catalana concede a la Junta es inferior al que Díaz selló con Emilio Botín, presidente del Banco Santander, que se comprometió a inyectar 500 millones este año (este acuerdo aún no se ha sellado). El crédito con La Caixa debe aún ser ratificado por el consejo de administración, por lo que aún se desconoce el interés que pagará la Junta por disponer de este balón de oxígeno financiero. Con el Santander, apuntan fuentes del Ejecutivo, se estimó que el interés sería del 4%, «según las normas del mercado», por lo que el margen podría ser parecido en este caso. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que regula el Gobierno central, al que Andalucía ha solicitado este año más de 3.000 millones, impone a las regiones un interés próximo al 6%, pero se trata de un crédito a largo plazo (dos años de carencias más diez años de intereses), por lo que el esfuerzo para devolver lo prestado es menor. Tanto el crédito del Santander como el de la Caixa a Andalucía deben ser aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que la Junta ya ha solicitado un margen de endeudamiento de 5.000 millones (incluido los fondos del FLA).
La alianza que Díaz está tejiendo con los grandes banqueros del país y empresas presentes en el Ibex 35 tiene una lectura política, además de económica. La presidenta andaluza quiere escenificar que la comunidad autónoma, con una tasa de paro del 35%, está recuperando la confianza de los grandes inversores, y ya puede acceder al crédito privado sin necesidad de depender exclusivamente de los mecanismos de financiación de Rajoy. Díaz reprocha al Ejecutivo que ahogue la inversión estatal en la región, que acumule una deuda por el mal reparto de los ingresos por tributos superior a los 5.000 millones, y que imponga unas condiciones «leoninas» para acceder al FLA.
