El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra suspendió hoy temporalmente la demolición de la vivienda de una familia del municipio de Dos Hermanas con escasos recursos económicos --que iba a llevarse a cabo por ocupar el inmueble terrenos alcalareños--, mientras espera la sentencia firme del juez que estudia a qué suelos pertenece la construcción.
En declaraciones a los medios, el propietario de la vivienda, Jesús Manuel Durán, reiteró que por el momento han paralizado la demolición de la vivienda hasta que el juez dicte una "sentencia favorable" que impida al consistorio alcalareño "derribar la casa", a lo que añadió que "es una victoria, pero la guerra no está ganada".
En este sentido, aseguró que están "hartos de presentar papeles" para que la demolición no se lleve a su fin, pero no saben "en quien depurar responsabilidades" porque siempre les "cierran las puertas". "Estamos en vilo desde entonces, esto es un calvario", lamentó.
Por su parte, la suegra de Jesús Manuel, Juana Cruzado, expresó, momentos después de que la Policía entrara en la vivienda para proceder a la demolición de la misma, que su hija y su yerno "no han hecho nada malo, sólo construirse una casa".
"Ellos no han hecho nada malo, no han robado, sólo se han hecho una casa para meter a sus hijos, son trabajadores que han luchado en la vida", lamentó entre lágrimas de impotencia. Además, Juana se preguntó indignada "qué clase de protección está dando esta Justicia".
"ESTO NO ES DE JUSTICIA NI HUMANO"
Por último, pidió "a Dios" que los hijos del alcalde de Alcalá de Guadaíra "se vean como se van a ver" los suyos. "Que se metan la mano en el corazón, porque esto no es de Justicia ni humano", indicó compungida.
Jesús Manuel, albañil de profesión, tiene reconocida una invalidez absoluta por un accidente laboral que sufrió cuando trabajaba en la construcción y recibe una pensión de 400 euros, mientras que su mujer está en el paro.
Por tanto, dice no explicarse por qué es su vivienda la "única" que tiene orden de demolición, cuando en la zona donde reside con su familia existen "cientos de casas", incluso "más grandes" que la suya. "Sólo vienen a por mí, quieren hacer justicia social conmigo", aseguró.
En este sentido, manifestó que cuando decidieron comprar estos terrenos para construir su casa "nadie" les dijo que era ilegal, sólo que tendrían que pagar una multa. Ahora, dijo, tendrán que correr con los gastos de la demolición --más de 20.000 euros-- y abonar la multa --unos 30.000 euros-- por la construcción de la vivienda.
