Local

Suspendida de nuevo la declaración de Carrillo en el caso Diego de Riaño por enfermedad de la juez

El juzgado ha decidido posponer por este motivo la declaración hasta las 10,30 horas del próximo 5 de febrero.

el 28 ene 2010 / 11:04 h.

TAGS:

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla ha suspendido por segunda vez, en esta ocasión por enfermedad de la magistrada titular, la declaración como testigo del ex concejal de Recursos Humanos y ex presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Ayuntamiento de Sevilla, Emilio Carrillo (PSOE), tras la apertura de diligencias previas por la denuncia de los delegados de Prevención de Riesgos Laborales de varios sindicatos a cuenta de la reapertura del edificio municipal de Diego de Riaño llevada a cabo el pasado mes de mayo a pesar del informe en contra de la Junta de Andalucía a tenor de los desperfectos detectados, que finalmente causaron una orden de cierre por parte de la Inspección de Trabajo.

 

Así lo indicaron a Europa Press fuentes del caso, que precisaron que el juzgado ha decidido posponer por este motivo la declaración hasta las 10,30 horas del próximo 5 de febrero. En un primer momento tanto la comparecencia de Carrillo como la del por entonces presidente del Comité y actual edil de Conservación de Edificios Municipales, el también socialista Joaquín Díaz, fueron aplazadas al conservar el Ministerio Fiscal el expediente del caso, sobre el cual ultimó indagaciones antes de pasar a la ronda de declaraciones.

En este sentido, la Fiscalía de Sevilla ha expresado su oposición a una petición de archivo de causa del Ayuntamiento hispalense, realizada en el marco de un recurso elevado ante el juzgado, si bien admite la argumentación municipal de que la orden de reincorporación al trabajo en Diego de Riaño, fundamentada en una serie de informes técnicos de bomberos y Conservación de Edificios Municipales, fue anterior a la resolución autonómica, que instaba a la clausura del edificio por supuesto riesgo para el personal.

El enfrentamiento entre Carrillo y el resto del equipo de gobierno a cuenta de la apertura del edificio fue uno de los motivos desencadenantes de la dimisión del primero, cuyo puesto fue asumido por el concejal de Convivencia y Seguridad, el también socialista Alfonso Mir.

La Fiscalía, posteriormente, respaldó con una denuncia la acción sindical. En el escrito de la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público consideraba que los hechos denunciados, en principio, "podrían ser constitutivos de infracción penal", razón por la cual el ente judicial interpuso denuncia ante el Juzgado Decano de Sevilla.

La denuncia de las centrales sindicales recordaba que el inmueble fue reabierto tras la orden dada en el seno del Comité de Seguridad y Salud por parte del que hasta entonces era el presidente en funciones, el edil de Conservación de Edificios Municipales, Joaquín Díaz (PSOE), instando a la reincorporación "inmediata" de los empleados municipales.

Esta decisión se tomó, según reflejaron los sindicatos en su denuncia, "teniendo conocimiento del informe emitido por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo de fecha 27 de abril, en el que entre otras cosas consta que la situación del edificio no ha cambiado y que pudiera suponer un riesgo grave e inminente para la integridad física de los trabajadores".

Asimismo, las centrales sindicales hicieron hincapié en que el técnico de prevención firmante en el informe de la Junta se reafirma en informes anteriores de fecha 11, 17 y 19 de octubre de 2006, cuando los daños en el inmueble --que llegó a ser desalojado por temblores derivados de una obra anexa-- fueron denunciados por vez primera.

Aportando documentación relativa al caso --informes de la empresa Vorsevi; los dictámenes del Comité de Seguridad y Salud cuando éste estuvo dirigido, primero, por Carrillo, y luego por Díaz; o la resolución de cierre del edificio dictada por Carrillo, entre otros--, los sindicatos solicitaban a la Fiscalía que se depuraran las posibles responsabilidades civiles y penales en que se pudiera haber incurrido con la medida tomada por el Consistorio.

  • 1