El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra suspendió hace unos días, de forma cautelar, el contrato con la empresa Transporsur, responsable de la grúa municipal, tras la numerosas irregularidades detectadas en el servicio por un cabo de la Policía Local. De todas maneras, el servicio continúa funcionando gracias a un nuevo contrato con otra empresa, mientras se resuelve el expediente incoado a la concesionaria.
Los hechos que se investigan fueron denunciados por un policía local que, tras inspeccionar la grúa municipal, descubrió que no se estaban "prestando todos los servicios previstos en el pliego de condiciones para la adjudicación", y que incluso existían denuncias de usuarios que no encontraron su vehículo cuando habían ido a recogerlo al depósito o que lo hallaron "desguazado sin su consentimiento", presuntamente por la falta de vigilancia en el lugar. Pero, igualmente, el informe alertó de otras supuestas irregularidades, como que las grúas no tenían pasada la ITV (inspección técnica de vehículos) y que dos de ellas estaban embargadas.
Se abrió entonces un expediente a la empresa, enviándosele además el informe del supervisor del contrato en donde se describe esta situación. Tras presentar la adjudicataria dentro del plazo previsto las correspondientes alegaciones, está pendiente la puesta en funcionamiento de una comisión de técnicos municipales para determinar si definitivamente se procederá a la resolución del contrato.
En este sentido, el portavoz municipal del PP, Javier Jiménez, reclamó ayer el comienzo de esta comisión que estudiará la situación y que fue aprobada por unanimidad en un pleno el pasado mes de febrero. Para los populares, esta comisión "servirá como paso previo a una posible investigación más exhaustiva que depure las posibles responsabilidades". Por ello, exigieron más celeridad al PSOE.
