El juicio contra un padre acusado de violar a sus hijas con unos amigos ha quedado suspendido hoy en Sevilla, por enfermedad de uno de los letrados.
El juicio, previsto en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ha quedado aplazado para los próximos 11 y 12 de febrero.
La Fiscalía de Sevilla iba a pedir veinte años de cárcel para el padre acusado de violar a sus dos hijas, tanto en solitario como en reuniones con amigos en las que éstos también abusaban de las niñas, las sujetaban de pies y manos y presuntamente grababan los hechos en vídeo.
La defensa de los imputados iba a solicitar la absolución y negar el delito, que atribuye a la influencia de la madre de las niñas en el proceso de separación matrimonial.
El escrito de acusación, al que tuvo acceso Efe, asegura que los hechos ocurrieron en Sevilla desde que una de las niñas tuvo 4 ó 5 años, pero se intensificaron a partir de 2001, cuando el acusado M.P.R. se separó de su esposa y presuntamente abusó de sus hijas, entonces de 7 y 11 años, aprovechando los días que pasaban con él en virtud del régimen de visitas.
La Fiscalía asegura que los abusos fueron presenciados y compartidos por otros hombres que no han sido identificados, aunque las niñas los citan en sus declaraciones como compañeros de trabajo de su padre, conocidos de la familia y padres de amigas suyas.
Por ello, el fiscal solicita en su escrito de calificación nueve años de cárcel para un compañero de trabajo del padre, identificado como F.O.C., que supuestamente grabó los abusos en vídeo y que sujetaba a una de las menores para facilitar la agresión.
El fiscal sostiene que, como consecuencia de los hechos, las menores han sufrido alteración del sueño, dificultades de aprendizaje, falta de motivación, ansiedad, rechazo a la figura masculina y baja autoestima, por lo que solicita que el padre abone a cada una de sus hijas 30.000 euros de indemnización y la misma cantidad por parte del segundo imputado a la menor afectada.
Con independencia de negar los abusos, en su escrito de defensa sostiene que "si los hechos denunciados fueran ciertos, estaríamos ante una red de pederastia en toda regla", por lo que la defensa "no entiende" por qué el juez no ordenó una entrada y registro en la vivienda del padre ni en la empresa para incautarse del material presuntamente pornográfico.
