En 1997 el Ministerio de Defensa formalizaba y confirmaba la enajenación mediante subasta pública de la parcela tres de la base aérea de Tablada, que pasó a manos de las cajas de ahorros El Monte y San Fernando. Una operación que ahora, 14 años después, ha dado por válida el Tribunal Supremo. Los terrenos, considerados no urbanizables de especial protección, son en la actualidad propiedad de la agrupación de interés económico Tablada Híspalis. La sentencia sólo deja dos vías al Ayuntamiento: iniciar otro intento de expropiación (los dos anteriores fueron tumbados por la Justicia) o sentarse a negociar con los dueños.
La sentencia del Alto Tribunal, dictada el pasado mes de noviembre, responde a un recurso de casación presentado contra un fallo dictado en 2005 por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que desestimaba un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Ministerio de Defensa confirmando la enajenación de 367,4 hectáreas de las antiguas instalaciones militares.
La Gerencia de Infraestructuras de la Defensa del Ministerio anunció la salida a subasta pública de diversas propiedades el 12 de junio de 1997, entre ellas, la base aérea de Tablada. Un recurso ordinario intentó en ese momento tumbar la operación, pero Defensa lo desestimó el 23 de septiembre de ese mismo año, de ahí que el interesado recurriese al TSJA esta resolución, que la confirmó. El recurrente alegó entonces ante el Supremo una posible indefensión y supuestas vulneraciones del ordenamiento jurídico y de las leyes de Patrimonio del Estado o de Costas, argumentos todos ellos desechados por el Supremo. Además, el Alto Tribunal impone en su sentencia las costas a la parte recurrente, que ascienden a un importe total de 4.000 euros.
Con esta decisión, el Supremo desbloquea en gran parte la situación del suelo, afectado por numerosos pleitos que se han ido resolviendo durante todo este tiempo. Al no revocar la subasta, el solar sigue perteneciendo a Tablada Híspalis, que a su vez lo compró a las cajas de ahorro después de que éstas lograran los terrenos en la subasta pública. El suelo está clasificado como terreno no urbanizable de especial protección, según se recoge en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, aprobado definitivamente en 2006. Los tribunales, hasta el momento y en distintos frentes, han desechado tanto los dos intentos del Ayuntamiento por expropiar estos suelos, como los recursos promovidos por el citado consorcio empresarial contra la calificación recogida en el PGOU para estos suelos.
La intención del anterior Gobierno municipal era hacer de la zona un parque periurbano, para lo cual incluso se elaboró un diseño, aunque todos los intentos para hacerse con los terrenos, ya sea mediante la negociación o mediante la expropiación, no dieron su fruto.
El actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, anunció en campaña que “en 15 días” arreglaría la situación, una vez que el Supremo se pronunciase sobre la validez de la subasta. Ya en el Gobierno, precisó que sería él el que decidiera en que momento comenzarían a correr esos “15 días”. Lo cierto es que la situación ya se ha desbloqueado y ahora le toca al Ayuntamiento mover ficha. Tendrá que decantarse por una nueva expropiación, vía que no parece convencer a Zoido, o por sentarse a negociar con los actuales propietarios.
