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Tablada, pedagogía y futuro

La dehesa de Tablada, 360 hectáreas de suelo, seguirá siendo suelo verde. No se construirá sobre su superficie. La sentencia del TSJA tumba el proceso expropiador puesto en marcha por el Ayuntamiento al considerar que no está suficientemente argumentado y que, en cualquier caso, la mera delimitación no sirve.

el 15 sep 2009 / 08:29 h.

La dehesa de Tablada, 360 hectáreas de suelo, seguirá siendo suelo verde. No se construirá sobre su superficie. La sentencia del TSJA tumba el proceso expropiador puesto en marcha por el Ayuntamiento al considerar que no está suficientemente argumentado y que, en cualquier caso, la mera delimitación no sirve. La sentencia no dice más, aunque las empresas afectadas quieran imaginar un horizonte urbanizado. De hecho, el Ayuntamiento ya estaba trabajando para reiniciar el proceso formalmente tras este esperado revés judicial. El pleno ya ha aprobado el expediente para expropiar esos terrenos, el PGOU está aprobado definitivamente y le otorga un valor de suelo no urbanizable y, además, la ley del suelo vigente avalará al ayuntamiento para que abone la expropiación teniendo en cuenta el valor real del suelo y no las expectativas lucrativas, como pretenden los propietarios, que iniciaron aquellas reclamaciones apoyados en la derogada ley del Suelo de Aznar. Es decir, que tras los reveses judiciales el Ayuntamiento encara el proceso definitivo de expropiación con más argumentos políticos y anclajes legales que nunca.

El debate a estas alturas no trata de dilucidar si en aquel suelo se pueden hacer viviendas, una posiblidad ya descartada sobre las que en otro momento y en otro escenario habría sido recomendable un debate sosegado. Lo que no debe olvidarse es el origen de este asunto: las cajas de ahorro (entonces El Monte y San Fernando) vendieron el suelo a un grupo de empresas que lo compraron a sabiendas de que el Ayuntamiento había decidido destinar la dehesa a zona verde. A partir de ahí ha habido un intento permanente -a veces soterrado y otras, a las claras- de doblarle la mano a la administración. Por eso no se trata de cuestionar el legítimo derecho de la parte privada a reclamar las cantidades que crea oportunas, sino a defender la prevalencia del interés público y la autonomía de las administraciones públicas por encima de cualquier otra consideración.

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