Las asociaciones agrarias siguen quejándose de que no se benefician en su justa medida del precio que pagan los consumidores por los productos salidos del campo, y achacan a la presión de las cadenas comerciales los reducidos importes que cobran los agricultores y ganaderos.
No son pocas las manifestaciones a las puertas de hipermercados, y las tres grandes asociaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG, coinciden, con más o menos detalles, en reclamar una ley de márgenes comerciales, que vigile los beneficios en cada una de las etapas de la cadena de valor, así como un doble etiquetado, que no es otra cosa que colocar, junto al desembolso final que abona el consumidor, el precio que se pagó en origen (esto es, en los mercados agroganaderos).
Es frecuente, asimismo, la publicación de tablas que especifican los valores en el agro y en la estantería de un comercio, así como el multiplicador entre unos y otros. COAG, por ejemplo, difunde cada mes, y de la mano de organizaciones de consumidores, su índice de precios en origen y destino, que ha bautizado como IPOD. Y Asaja, por su parte, se lamenta que por el precio al que se vende un jamón, los industriales del porcino compran un cerdo completo con todas sus piezas.
Las autoridades dicen no a la citada ley, concluyen que no hay abuso de las cadenas comerciales, e instan a una mayor unión de los productores.
