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Técnicos de la Xunta entran en el pazo de Meirás para comprobar su estado

La inspección del Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, a cargo de tres técnicos de la Consellería de Cultura se prolongó por espacio de aproximadamente unas cuatro horas.

el 15 sep 2009 / 03:20 h.

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La inspección del Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, a cargo de tres técnicos de la Consellería de Cultura se prolongó por espacio de aproximadamente unas cuatro horas. Una arquitecto, un historiador y un arqueólogo accedieron en un vehículo a la finca donde se ubica el inmueble sobre las 10.00 horas y salieron a las 14.00 horas, como estaba previsto según la orden judicial.

Los tres técnicos de la Consellería de Cultura, pertenecientes a la Dirección Xeral de Promoción Cultural, accedieron a la propiedad de la familia Franco con el objetivo de realizar una inspección y un inventario de bienes que permita la posterior elaboración de un informe detallado sobre el estado de conservación.

Esta visita, autorizada hace aproximadamente un mes por un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), persigue evaluar el estado del inmueble con el objetivo de comprobar su grado de conservación y, posteriormente, decidir sobre su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Los tres técnicos, que accedieron en un vehículo al interior del recinto en el que se encuentra el inmueble, fueron recibidos por el abogado de la familia Franco. El equipo encargado de la inspección fue el mismo que hace unos siete meses no pudo entrar a realizar su trabajo.

Desde finales de agosto de 2007 el Pazo de Meirás, rodeado por diez hectáreas de jardines, es el centro de una polémica porque el Ayuntamiento de Sada y la Xunta promueven su declaración como BIC, una figura jurídica que, entre otras cuestiones, obligaría a la familia a abrir el pazo al público para permitir visitas gratuitas al menos cuatro días cada mes.

Por su parte, la familia impidió entonces la inspección a cargo de los técnicos de Cultura, lo que originó una batalla legal que el pasado 12 de marzo se cerró con la segunda resolución del TSXG favorable a la Administración gallega, en la que se instaba a la familia Franco a acordar una fecha para permitir la comprobación del estado del inmueble, aunque debía hacerse "sin publicidad" y con respeto a la intimidad de los propietarios.

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