El fiscal general del Irán, Gholam Husein Mohseni Ejei, anunció ayer que Sakineh Mohamadi Ashtiani, la mujer iraní acusada de adulterio y complicidad en el asesinato de su marido, fue condenada a muerte por el segundo de los dos delitos y castigada por ello a morir en la horca... en lugar de lapidada.
En declaraciones divulgadas ayer lunes por la agencia de noticias local Mehr, el clérigo explicó que "de acuerdo con la decisión adoptada por el tribunal, ha sido acusada de asesinato y la pena por este delito tiene preeminencia sobre el otro de adulterio". La decisión del tribunal iraní evita ahora que la mujer muera lapidada, pero no que sea ejecutada, ya que el asesinato en Irán es castigado con la horca. "La cuestión no debe ser politizada. El Poder Judicial no se puede dejar influir por la campaña de propaganda emprendida en Occidente", agregó el fiscal general.
Meses atrás, el abogado de la acusada, Mohamad Mostafei afirmó que Ashtiani, de 43 años, había sido condenada por adulterio y que sería ejecutada por lapidación. La pena despertó una oleada de críticas y protestas internacionales contra Irán, lo que obligó al régimen a suspender la sentencia y afirmar que se encontraba bajo revisión. Una mujer, a la que la televisión estatal identificó como la propia Ashtiani, confesó en la pequeña pantalla días atrás haber mantenido una relación fuera del matrimonio con un hombre y haber participado en la muerte de su marido. La supuesta condenada criticó, asimismo, la campaña emprendida por su abogado.
El régimen iraní acusó la semana pasada al letrado de haber aprovechado, en beneficio propio, el interés mundial que desató el caso para pedir asilo político en Noruega, donde se encuentra con su familia. "El abogado ha intentado politizar el caso asegurando que su propia vida estaba en peligro por defender a la mujer, pero sus argumentos sólo persiguen sus intereses propios", afirmó Mehmanparast durante su rueda de prensa semanal.
El caso también ha abierto una agria polémica en el seno del régimen iraní, con declaraciones contradictorias entre el Ejecutivo y el Poder judicial. La semana pasada, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, reiteró que no existía la condena a muerte y que se trataba, igualmente, de propaganda, pero luego comparó su caso con el de Teresa Lewis, la mujer que el pasado jueves fue ejecutada en Estados Unidos por un delito similar. Irán es, junto a Estados Unidos, China y Arabia Saudí, uno de los países del mundo que más penas capitales aplica en todo el mundo.
Desde que trascendió la condena de Ashtiani, buena parte de la comunidad internacional ha solicitado al régimen iraní que sobresea la ejecución de Ashtiani y que respete sus compromisos internacionales, como el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. También, el ex abogado de Ashtiani, Mohammad Mostafaei, ha asegurando en reiteradas ocasiones que la mujer fue víctima de torturas antes de su confesión.
Actualmente, en el régimen de los ayatolás en Irán existen más de un centenar de delitos tipificados que puede ser castigadas con la pena capital, entre ellos el adulterio, el tráfico de drogas, el asesinato y el robo, entre otros.