El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, señaló ayer que el cambio de definición de agricultor activo dota de «mayor seguridad» al texto de la PAC, cuya aplicación fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros, «para evitar la entrada de cazaprimas». «La regla general establece que consideramos agricultor activo el que de sus ingresos agrarios al menos el 20 por ciento procede de las ventas de su productos. Hemos tenido que introducir una ajuste de seguridad jurídica que nos ha exigido la Comisión Europea y que dotará de más seguridad jurídica al texto». En concreto, se ha abierto, a petición de Bruselas, la posibilidad de que quien no alcance el límite del 20 por ciento pueda demostrar que lleva a cabo una «una actividad agraria directamente, bajo su propia responsabilidad y que no tiene abandonadas sus tierras». «Les vamos a someter a un control para asegurarnos que no sea un tercero el que realiza la actividad agraria en su nombre, porque queremos evitar que alguien se quiera beneficiar de las ayudas de la PAC teniendo abandonada toda su superficie», según dijeron en el Ministerio de Isabel García Tejerina.
