Telefónica ha aceptado las condiciones de los sindicatos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuya memoria tiene previsto presentar hoy ante el Ministerio de Trabajo. Así, la compañía ampliará el plazo de vigencia del mismo de tres a cinco años, al igual que el número de trabajadores afectados por el proceso, que pasará de alrededor de 6.000 a 8.500, lo que supone un 24% de su plantilla en el país y un 6,6% de la total del grupo, explicaron fuentes sindicales.
En este proceso, Telefónica podría enfrentarse a una nueva norma que se planteó aprobar el Gobierno antes de que comenzara la campaña electoral y que se basa en no pagar con dinero público las prejubilaciones en empresas que dan beneficios, como sucede con la compañía de telefonía. Lo cierto es que aún el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no ha dado ningún paso en firme para que esta medida se ponga en marcha.
En la memoria del ERE, Telefónica se compromete a cumplir con los principios básicos de "universalidad, voluntariedad y no discriminación" y justifica su decisión en la situación que atraviesa la compañía en el país y la necesidad de ajustar costes laborales. Además, se garantiza que durante ese tiempo no se producirá ningún otro ERE, ni despido masivo de trabajadores, y que la firma mantendrá su compromiso inversor en España.
De esta forma, y a petición de los sindicatos mayoritarios, el proceso se extenderá por un periodo de cinco años hasta finales de 2015, al igual que el convenio, en lugar de los tres años anunciados el pasado mes de abril por el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo, quien adelantó que el recorte podría afectar a un 20% de la plantilla.
La cifra de afectados anunciada en la memoria, si bien es superior a la inicialmente barajada de unos 6.500 trabajadores, supondría una desvinculación anual de 1.700 trabajadores, inferior a los 2.166 trabajadores por año prevista, ya que el periodo se amplía dos años más.
Fuentes sindicales informaron a Europa Press que en dicha memoria se recoge un compromiso de creación de empleo por parte de la empresa de un máximo del 5% de la plantilla que se acoja a este plan, lo que, sobre los 8.500 trabajadores, supondría unos 425, que para los sindicatos es "claramente insuficiente".
De esta forma, una vez la memoria se presente hoy a Trabajo, los sindicatos tendrán un plazo máximo de un mes para negociar con la empresa, aceptar las condiciones del ERE y remitirlo de nuevo a la autoridad laboral para que ésta decida si el proceso se ajusta a la legalidad.
Asimismo, las fuentes explicaron que hay otros temas a tener en cuenta, como la edad de jubilación, todavía pendiente de legislar, que podría afectar a los trabajadores que se acojan al ERE.
No obstante, los sindicatos preguntarán a la compañía, en caso de que el ERE no se llevara a cabo, qué opciones baraja para reducir los costes laborales.
"El expediente es una medida, pero nos preocupa, si por una u otra razón éste no fuera aceptado, cómo afectaría esto a la plantilla de Telefónica", añadieron.
Las fuentes recordaron que para los sindicatos lo prioritario, "incluso antes que el ERE", es tratar las circunstancias que afectan al convenio.
