Más de cien vecinos de La Ruana, en Alcalá de Guadaíra, se concentraron ayer a las puertas de la urbanización para impedir el derribo de una vivienda. La Policía tuvo que pedir refuerzos a los antidisturbios que, tras calmar los ánimos de los propietarios, consiguió efectuar la demolición.
El Consistorio había advertido que no permitiría la construcción de viviendas en suelo rústico, y ayer su advertencia se hizo efectiva con el primer derribo de los ocho previstos para los próximos días. Es la primera casa que el municipio echa abajo en la zona en años, después de que fracasara el intento de derribar otra vivienda la semana pasada.
La demolición de ayer estaba prevista para la primera hora de la mañana, pero los vecinos de La Ruana, una de las zonas de parcelaciones ilegales de Alcalá, colocaron sus vehículos a la entrada de la urbanización para impedir el paso de la excavadora.
Así las cosas, la Policía Local pidió ayuda a la Policía Nacional, que envió a los antidisturbios. Los gritos y las súplicas de los vecinos resultaron inútiles, ya que finalmente la excavadora derribó la vivienda en pocos minutos.
Según el presidente de la comunidad de propietarios de La Ruana, Francisco Ceballos, "en la zona hay más de 200 casas en las mismas circunstancias, algunas desde hace más de 20 años".
Ceballos aseguró además que ninguno de los propietarios tiene licencia de obras, pero "todos estaban convencidos de que si pagaban una multa podrían construir". El representante vecinal explicó además que los afectados pagan la contribución urbana al Ayuntamiento.
Las casas están ubicadas en la urbanización de La Ruana, donde desde 1993 proliferan las viviendas ilegales. Hay muchos propietarios, la mayoría de la limítrofe Dos Hermanas, en circunstancias parecidas, y en la mayoría de los casos se trata de construcciones precarias o de segunda residencia. Sólo en muy pocos casos se trata de la vivienda habitual de una familia y éstos son los casos más dramáticos, pues sus propietarios aseguran que no tienen dónde ir si se las tiran.
El gobierno local (PSOE), por su parte, no entra en el problema social y asegura que no tiene más alternativa que aplicar la ley y que, de no hacerlo, "estarían prevaricando". Fuentes municipales añaden que el hecho de que haya un gran número de infractores "no puede ser un argumento para la impunidad".
El Consistorio indica que a cada uno de los propietarios se le ha ido notificando todo el proceso desde que empezaron a construir, advirtiéndoles de que ocupaban terreno rústico donde no se puede edificar, e incluso se les dio la opción de que ejecutaran el derribo para que su coste fuera más barato.
