Si la candidata andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, se convierte en la nueva presidenta de la Junta, tras las elecciones del 22 de marzo, cobrará 1.930 euros al mes, es decir, cinco veces menos de lo que ingresa ahora Susana Díaz, cuyo salario bruto anual está fijado por ley en 63.808 euros.
La limitación de sueldos para cargos electos (diputados y miembros del Ejecutivo autonómico) hasta el tope de tres veces por debajo del salario base es una de las medidas que Podemos incluirá en su programa electoral, que se presentará este viernes. Es una iniciativa que ya se aplican los miembros del partido de Pablo Iglesias con alguna representación, por ejemplo los eurodiputados, y que se complementará con otra norma: quienes entren en política mantendrán el mismo salario que percibían en su actividad anterior.
En el caso de Rodríguez, 1.930 euros al mes es lo que cobraba en el Parlamento europeo, tras limitar su sueldo tres veces del salario base. El tope salarial que pondrá la organización será el que perciben ahora los funcionarios de más alto nivel (categoría A), que rondarían los 3.700 euros al mes (con 20 años de experiencia). Esta iniciativa, que requiere una reforma drástica del reglamento del Parlamento, implica que cada diputado en la Cámara autonómica percibirá unos ingresos distintos, según el salario de su profesión anterior [ahora el sueldo de un diputado es de 3.025 euros al mes incluyendo los complementos]. También significa que un parlamentario o un consejero puede cobrar más que el presidente o presidenta de la Junta, ya que el criterio a seguir no es el de las escalas profesionales, ha reseñado hoy Rodríguez. La idea es que nadie entre en política para enriquecerse, sostiene.
Revocar al presidente. Otra de las propuestas electorales que ha presentado Podemos hoy es la figura del revocatorio de los cargos electos cada dos años, que en teoría permitirá a la ciudadanía votar una moción de censura contra un diputado, contra un miembro del Gobierno o incluso contra el presidente o presidenta de la Junta si considera que no está haciendo bien su trabajo (si se le imputa algún delito o si demuestra una manifiesta incompetencia en el ejercicio de su cargo).
Para que la ciudadanía cese a un cargo electo, Podemos propone dos fases: en la primera, sería necesario presentar la propuesta de revocación a través de un proceso similar a la iniciativa legislativa popular, pero con un número ostensiblemente mayor de firmas: no menos de un 20% del censo electoral, casi dos millones de personas. El número exigido es tan alto para evitar que la oposición utilice esa medida para dificultar o bloquear la labor del Gobierno. Una vez reunidas las firmas, el Parlamento convocaría un referéndum en el que todos los andaluces con derecho a voto (6,5 millones) decidiría si expulsa o no al cargo público.
En el caso de tratarse de un diputado, su puesto lo ocuparía el siguiente en la lista. Si fuera un consejero, habría que elegir a un sustituto. Y si el revocatorio prosperase contra el presidente o presidenta de la Junta, habría que convocar elecciones autonómicas inmediatamente. Esta propuesta implicaría cambiar de arriba abajo toda la Ley Electoral andaluza, y sus promotores han entrado en contradicciones y confusiones a la hora de transmitírsela a la prensa. Hasta que no se plasme negro sobre blanco en el programa electoral es difícil medir su encaje real con la normativa básica vigente.
Junto a Rodríguez ha comparecido el número dos de Podemos por Sevilla, el abogado Juan Moreno Yagüe, que ha presentado la propuesta de transparencia para que las cuentas corrientes de la administración (incluido ingresos, gastos y transferencias) estén al alcance de los ciudadanos a través de internet, igual que cualquier persona puede acceder a su cuenta bancaria. Yagüe ha explicado que ahora el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador, controla las cuentas de una administración años después de cuando se produce el gasto, de modo que las irregularidades se detectan tarde, y la justicia siempre actúa de forma retroactiva. La propuesta de Podemos busca prevenir y un control en tiempo real. La última medida presentada hoy ha sido la profesionalización de la administración pública, que pretende eliminar a los altos cargos elegidos a dedo por los políticos, para que sean sustituidos por los funcionarios más capacitados, que accederían al puesto a través de un proceso de promoción interna de libre concurrencia. Sobran cargos políticos que cobran siete veces más que los empleados de a pie, ha dicho Auxiliadora Honorato, miembro de Podemos, que sin embargo no ha precisado cuántos hay y cuántos sobran.
