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Termómetro que marca aún fiebre

No se percibirá mejoría hasta que no pare la sangría laboral.

el 21 feb 2010 / 20:13 h.

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Los inmigrantes llenaban hasta hace poco las fincas de fresa. Ahora son los andaluces los que trabajan en ellas.

Para nada sorprende que la inmensa mayoría de los andaluces considere que el desempleo es el problema primerísimo para la comunidad. Fijémonos en estas tres cifras, que revelan toda una gran sangría laboral: 524.100 parados al cierre de 2007, hasta 850.300 al acabar 2008 y 1.034.000 en el último trimestre de 2009, según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa). En la actualidad, uno de cada cuatro andaluces en edad, y con ganas, de trabajar no encuentra cómo hacerlo. Si esta desesperación entra en el entorno familiar y de amistad, entonces se generaliza ese temor a perder el puesto. Tres de cada cinco lamentan tener el paro metido en su propia casa.


Para nada sorprende que en Andalucía el porcentaje de quienes creen que el paro es el principal problema de la región, del 91,4%, sea en torno a diez puntos superior al promedio estatal que revelan las estadísticas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Aquí la tasa de desempleo es mayor (26,33% frente al 18,33%) aunque el aumento en el último año haya sido inferior (21,6% y 34,87% respectivamente), y más abultado el índice de precariedad laboral por el menor porcentaje de personal indefinido (3,44% y 9% en el mes de enero pasado, según datos del INEM) debido a la temporalidad intrínseca a los dos pilares de la economía regional, el turismo y la agricultura.


Para nada sorprende que sea la política de empleo de la Junta de Andalucía la que coseche de los ciudadanos el suspenso más clamoroso, habida cuenta de los niveles de paro soportados en la comunidad. Éstos ensombrecen los planes anticrisis desplegados por el Ejecutivo autonómico y el hecho también de que el alza interanual de excluidos del mercado laboral esté 13 puntos por debajo de la media española. No se hace mención a las políticas activas -formación-, donde más actúa el Gobierno andaluz, aunque hay episodios que las oscurecen, como el caso de Delphi en la bahía gaditana.


Para nada sorprende que los andaluces no aprueben ni la situación económica del país ni las medidas anticrisis adoptadas por el Ejecutivo. Han venido impregnadas de urgencia (ayuda a los parados que se quedaban sin prestación), improvisación -con decisiones de gran calado, como un incremento del IVA que se insistía en negar y una Ley de Economía Sostenible vista como un cajón desastre- y con efectos limitados -el Fondo Estatal de Inversión Local, que suma parados tras haberlos restado desde mediados del año pasado-. Y es lógico que más de la mitad de los andaluces respondan que sí conocen las medidas del Plan E del Estado, pues pueblos y ciudades están sembrados de carteles con ese eslogan a la entrada de obras hechas, en marcha o por hacer y son decenas de miles los puestos que han creado en Andalucía, si bien temporales.


Para nada sorprende que las políticas de turismo, servicios sociales e infraestructuras sean, por ese orden, las más valoradas por los andaluces. Son también las más agradecidas, las menos polémicas, y sus titulares no sufren la carga de la crisis económica como sí la soporta con toda intensidad el consejero de Empleo, Antonio Fernández. Frente a la recesión, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, optó por situar en consejerías vitales para el desarrollo económico a perfiles más políticos que técnicos. Quizás el contexto exigiera precisamente lo contrario.


Para nada sorprende que la titular de Agricultura, Clara Aguilera, sea ahora el miembro del Consejo de Gobierno menos conocido por los ciudadanos encuestados por el Barómetro Andaluz de Prospectiva, y ello pese a la importancia del campo para la economía de la región. La consejera ha optado por la labor callada, la prudencia, no posee un gran impacto mediático y sí multitud de frentes abiertos, y los que le llegarán cuando se concreten los detalles de la nueva reforma de la Política Agrícola Común y el tijeretazo esperado para las ayudas agrarias europeas a partir de 2013.


Para nada sorprende que la situación de la economía, tras el paro, sea para los andaluces encuestados el principal problema de una comunidad que, al igual que el Estado, se encuentra aún en recesión. Lo que realmente preocupa al ciudadano es el bolsillo, algo que se repite desde el último trimestre de 2007, cuando la existencia de esta crisis todavía se negaba.


Para nada sorprende, en fin, esta visión negra de la economía que encierra, asimismo, una desconfianza hacia las previsiones de los gobiernos que reiteran que lo peor de la crisis ya ha pasado, aunque los ciudadanos no vislumbrarán una mejoría clara hasta que se recupere el empleo, verdadero termómetro de la economía real. Y marca fiebre.

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