Una treintena de miembros de la asociación de vecinos Isbylia 583VPO iniciaron ayer lunes una acampada con carácter indefinido a las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla para solicitar a la Junta de Andalucía su intermediación para que se finalicen las obras de las viviendas de protección oficial (VPO) junto al Polígono Aeropuerto de Sevilla Este que se iniciaron en 2008 y "debían estar terminadas desde 2010".
Según explicaron a Europa Press fuentes del colectivo, los vecinos adjudicatarios de estas viviendas comenzaron su acampada a las 10.00 horas de ayer, en las inmediaciones de los Jardines del Cristina, e irán organizando turnos de unas 30 personas con la intención de que siempre haya alguien presente en la misma.
Acciones legales. Los afectados toman esta iniciativa ante la "falta de respuesta" de las administraciones públicas hacia sus reclamaciones por los "numerosos parones" que han sufrido las obras, unidas a la "multitud de irregularidades" que han detectado los adjudicatarios por parte de la promotora, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que ha llevado a algunos vecinos a emprender acciones legales.
Los vecinos lamentan los cinco años de espera después de realizarse el sorteo de las viviendas. En muchos casos han solicitado la devolución de los 20.000 euros entregados por "incumplimiento de contrato", dado que las obras "estaba previsto que finalizaran en 2010", pero dicha cantidad no les ha sido reintegrada.
Desde la asociación señalan que las obras las promueve la CEA a través de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, mientras que la constructora que inició las obras, Dolmen Consulting Inmobiliario, "quebró" y pasó a hacerse cargo Nazarí. En este sentido, indicaron que el problema de la parálisis en las obras es que "la CEA no paga a los proveedores" que, según aseguran, también tenían previsto protestas ayer en la sede de la patronal.
Por todo ello, desde la asociación promueven esta acampada para pedir al Gobierno andaluz que "se comprometa" a ayudar a los vecinos, que proponen que, "según recoge la ley, la Empresa Pública del Suelo Andaluz (EPSA) asuma la gestión de lo que queda de las obras de las viviendas" ya que "sólo restan dos o tres meses de trabajo".
