Economía

Todas las plantas termosolares ahora en construcción quedan en el aire

Si el Congreso no lo remedia, 3.000 millones de inversión andaluza y 7.000 empleos se la juegan. En total, las diez plantas termosolares andaluzas en construcción perderían las ayudas.

el 12 oct 2009 / 19:55 h.

Vista de la planta Andasol I del grupo ACS, la mayor central termosolar de Europa y la segunda del mundo, en la localidad granadina de Aldiere.

Primero se abrieron las puertas de par en par y entraron promotores reales y advenedizos. Ahora se cierran a cal y canto y unos y otros se quedarán por igual en la calle y con las inversiones colgadas. Ocurrirá esta misma semana con la energía termosolar, salvo que, a ultimísima hora, el Gobierno desista de cambiar la legislación sobre las primas que se otorgan a este tipo de generación eléctrica.

¿Qué conllevará ese cambio de legislación? "Que se paralicen todo los proyectos, tanto aquí, en la comunidad andaluza, como en el conjunto de España". Quien habla es Ignacio Grimaldi, el director de proyectos en Andalucía de Torresol Energy , región en la que esta filial del grupo Sener construye en la actualidad tres plantas, de ellas dos en San José del Valle (Cádiz) y una en el municipio de Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Luis Crespo, secretario general de la asociación Protermosolar -agrupa a lo más granado de esta industria-, echa sus cuentas. Cada planta requiere una inversión media de cerca de 300 millones de euros y en la fabricación de sus componentes y en la labor propia de construcción se genera el equivalente a 10.000 empleos al año. Si se paralizan las 35 centrales solares termoeléctricas que ya están en marcha, sumarían 10.500 millones -10 plantas en Andalucía con 3.000 millones-, puesto que sin las primas públicas, este tipo de energía verde es, hoy por hoy, "inviable", matiza Grimaldi.

El quid de la discordia aquí se relata. La legislación actual data de 2007 y generó expectativas para 1.500 megavatios en el conjunto del país. Esta normativa se alteró en mayo pasado para crear un registro de preasignación de potencia para todas aquellos proyectos que tuvieran cubiertos los requisitos medioambientales, económicos y de evacuación eléctrica, para que no se produjera un desmadre en las peticiones autonómicas. Pero ese descontrol ya estaba hecho, con planes que superaban con creces la previsión del Ministerio de Industria. ¿La decisión? Pues salomónica: limitar a 500 los megavatios que tendrán el derecho a primas públicas y derogar la reforma legal de mayo.

Entra en juego la política. Y es que los catalanes de CiU presentaron una enmienda para eliminar ese cambio operado en primavera, al entender que el decreto-ley que regulaba ese registro de preasignación de potencia invade competencias autonómicas. Tal enmienda fue bendecida por el PSOE, lo que ha causado la indignación no sólo del sector, sino también de los gobiernos de Extremadura y Andalucía, las dos comunidades -y sobre todo la segunda- con mayor impulso de esta energía limpia. Es posible que el plan de CiU, ya aprobado en el Senado con respaldo socialista, sea rechazado en el Congreso el próximo jueves. "Confiamos en que así sea", señala Ignacio Grimaldi. De no ser así, precisa Luis Crespo, condenarán "a muerte" a una industria en la que España ejerce un liderazgo internacional.

Si al final no hay vuelta atrás, mil megavatios quedarían sin cobertura de ayudas (primas), y eso es lo mismo que decir sin vida. El daño económico es cifrado por Protermosolar en unos 5.000 millones, con el aluvión de reclamaciones patrimoniales al Estado que conllevaría. El lobby es fuerte. Estamos hablando de compañías como Iberdrola, Endesa, Abengoa, Acciona, Ayesa, Sener, Valoriza (grupo Sacyr), Elecnor...
El agobio es muy grande. Torresol Energy se pone como ejemplo. Sus tres plantas en Andalucía suman sólo en la fase de construcción 2.500 puestos de trabajo, y la inversión global ronda los 600 millones de euros. "¿Qué haríamos?", se pregunta Grimaldi. Pura inquietud.

Inseguridad jurídica. La industria, asimismo, clama contra la "inseguridad jurídica" que entrañan los constantes cambios del Ministerio respecto a las primas a las energías renovables, como ya ocurrió con la eólica. Esa incertidumbre, comenta Grimaldi, impide tener garantías para afrontar un proyecto, al tiempo que engendra una "mala imagen" de cara a los inversores extranjeros. "Tenemos una inversión cierta pero con una retribución incierta".

No en vano, comenta el directivo, "somos líderes al exportar tecnología y capital humano, pero este desarrollo sólo es posible con un marco jurídico estable y además unas primas suficientes que rentabilicen las plantas e impulsen la investigación para que sea cada vez más barata producirla". Grimaldi dice no entender cómo desde el Gobierno se vende una apuesta por las energías limpias y después cierra el grifo.

¿Algún mea culpa de la industria? Si al calor de las primas hubo una avalancha de proyectos, las administraciones sólo deberían haber registrado a los que técnica y económicamente fueran viables, "y no atender las exigencias de la masa".

La Junta, indignada. Para la Consejería andaluza de Innovación, que dirige Martín Soler, existe un claro "riesgo" de que las plantas en ejecución en la comunidad se paralicen al existir dudas sobre su viabilidad, de ahí que haya instado al PSOE nacional a que vote en contra de la enmienda de CiU cuando, el próximo jueves, entre en el Congreso para su aprobación.

Fuentes de este departamento indicaron que el cambio legal supone "modificar las reglas de juego" y crearía "un importante perjuicio" a los promotores que se habían ceñido a la legislación vigente. De hecho, recuerdan los compromisos previamente adquiridos por esas empresas "tanto con la banca como con sus proveedores".

La comunidad tiene 131 megavatios de potencia termosolar instalada en 6 plantas y obras en 10 centrales que suman 567 megavatios y unos 7.000 empleos fijos (sin contar con el empleo durante las obras).

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