Los miembros de la comisión ERE se han retirado a deliberar. La investigación parlamentaria sobre las ayudas irregulares pagadas con fondos públicos ha ido subiendo los escalones de la administración, siguiendo el rastro del fraude, hasta el vértice más alto del orden jerárquico. Esta semana ha intervenido el último de los 32 comparecientes, el presidente José Antonio Griñán, y con su alegato final concluyó la parte más mediática del proceso. Ahora los miembros de cada grupo (PSOE, PP e IU) se encerrarán en un despacho, harán un repaso de todo lo que han leído y escuchado durante dos meses, y emitirán un dictamen con sus conclusiones.
La parte difícil vendrá justo después, cuando vuelvan a reunirse, el próximo día 20, para consensuar el dictamen definitivo, el informe único que la comisión elevará al Pleno, y que debe incluir "hechos constatados, conclusiones y recomendaciones". El presidente de la comisión, Ignacio García, reconoce que esa parte será difícil porque cada grupo querrá "volcar su estrategia partidista en las conclusiones comunes", y probablemente la versión de PSOE, PP e IU sobre lo ocurrido difieran mucho.
El caso de los ERE fraudulentos, que instruye la jueza Mercedes Alaya, investiga "la concesión ilícita de ayudas sociolaborales durante más de una década". Entre 2001 y 2010, la Consejería de Empleo gestionó una partida millonaria destinada a ayudas a parados y empresas en crisis. Pero de ese dinero se beneficiaron quienes no debían, incluido personas que fueron incluidos en un ERE sin haber trabajado nunca en las empresas (intrusos). La jueza ha centrado sus pesquisas en el órgano que otorgaba las ayudas, la Dirección General de Trabajo, dependiente de Empleo, pero también ha descrito una trama en la que aparecen empresas y ayuntamientos vinculados al PSOE, aseguradoras comisionistas, sindicalistas intermediarios y altos cargos técnicos y políticos del Gobierno andaluz. El fraude de dinero público alcanza los 1.200 millones, según la Cámara de Cuentas. El número de imputados asciende a 55, y 10 de ellos han testificado en la comisión.
El éxito de la comisión de los ERE se medirá en el dictamen final y en la capacidad de los tres grupos para redactar un único relato de los hechos probados que explique, sobre todo, cómo se gestó el fraude, y quién y de qué manera debe depurar responsabilidades políticas. El presidente de la comisión está convencido de que "a partir de la comparecencias se puede construir un relato coherente de todo lo sucedido". "Es lógico que cada grupo juegue según su estrategia de partido, pero creo que en lo esencial no habrá contradicciones flagrantes o de bulto entre lo que dicen unos y otros", sostiene García.
Los tres grupos admiten que será difícil acercar posturas y vislumbran un dictamen final plagado de matices, que cada partido incluirá en votos particulares. Lo único que teme el presidente de la comisión es que algún grupo quiera introducir información nueva en las conclusiones. "Sería un error que en el dictámen final, alguien quiera aportar datos nuevos, que no hayan pasado por la comisión u hayan obtenido por otros cauces, ya sean confidentes o el sumario del juicio...". El Correo recopila aquí las versiones de los miembros de la comisión por separado, para que el lector vea las similitudes y diferencias de sus versiones, e intuya cuán complejo será acercar posturas.
