Seis años apartada de sus hijas y 140.000 euros para compensarlo. Es el resumen del caso de Carmen Espejo, una madre sevillana separada de sus dos hijas en 2000 porque el servicio de protección de menores de la Junta consideró que su minusvalía psíquica la incapacitaba para criarlas. En 2007, tras un cruce de litigios entre la madre biológica y la familia de acogida de una de ellas, los jueces revocaron la decisión de la Junta y las niñas volvieron con su madre, a la que el TSJA acaba de reconocer el derecho a ser indemnizada. Del otro lado, en 2004 la Junta declaró en desamparo a dos menores marroquíes al considerar que sus padres no podían mantenerlos. Tras pasar por diversas medidas, fueron dados en acogimiento familiar preadoptivo pero su madre biológica, Latifa El Barrahi, acudió a los jueces, que también fallaron a su favor en 2006. Pero tres años después, la Policía tuvo que rescatar hace unos días a uno de los niños al que Latifa dejó tres semanas solo en un piso patera de Córdoba para viajar a Marruecos. El servicio de protección tuvo que volver a intervenir.
¿Se excedió la Junta en el primer caso o el juez del segundo no dio el valor suficiente a los informes de los servicios de protección? La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, asegura que el 99,5% de las declaraciones de desamparo ?el año pasado fueron tutelados 1.305 menores y los servicios de protección tienen actualmente a su cargo a un total de 6.800- son ratificadas por los jueces. El problema es que el 0,5% restante se llaman, por ejemplo, Iván o Sara, un caso muy mediático porque la madre murió sin volver con ellos ni cobrar la indemnización que le reconocieron los tribunales al tumbar la decisión de la Junta. Y los niños pasan su infancia entre juzgados, centros, familias de acogida y madres y padres biológicos a los que apenas conocen o, por el contrario, echan de menos sin comprender por qué los separaron de ellos.
víctimas sin voz. Si en algo coinciden la administración pública, los jueces, el Defensor del Menor o asociaciones como Prodeni es en la complejidad de una problemática donde todo el mundo intenta hacer lo mejor para el niño, aunque no siempre lo consiga ni se escuche suficientemente al protagonista.
"Se da poca participación a la opinión de los menores y hay que oírles más y darles voz, asegurarse de que están al margen de la manipulación. Hay un debate social sobre los menores sin los menores", asegura el Defensor, José Chamizo. El portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, también critica que "no se escucha a los niños". La asociación ha elevado una petición al Senado para que se graben las entrevistas y las exploraciones que les hacen los equipos de protección.
La consejera de Igualdad defendió hace unos días en una comparecencia parlamentaria que las declaraciones de desamparo, que pueden ser temporales o definitivas, "no se hacen a la ligera" sino "basándose en informes realizados por profesionales después de haber estudiado en profundidad la situación del menor y la familia". También reconoció que en casos de "gravedad" se requiere una actuación "inmediata" y que el trabajo de los equipos "nunca es fácil y siempre están sometidos a una importante presión".
Las causas que pueden dar lugar al desamparo son el abandono, su no escolarización, la inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, el trastorno mental grave o drogadicción de los padres, un entorno sociofamiliar que deteriore su integridad moral o perjudique el desarrollo de su personalidad y, los más urgentes, el maltrato físicos o psíquico o el abuso sexual. El año pasado se tramitaron 1.260 denuncias de éstos con 1.906 menores implicados.
Una vez asumida la tutela caben varías vías para el acogimiento del niño. El residencial, en un centro, o el familiar, bien de urgencia -con la familia extensa-, temporal o, el último paso y cuando el desamparo ya es definitivo, preadoptivo. Cuando hay otra familia implicada que se ha hecho cargo del menor el caso suele acabar ante el juez.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, reconoce que "la administración muchas veces se encuentra con situaciones que tiene que resolver y actuar en un tiempo récord, y luego esas situaciones se consolidan o pretenden consolidarse y cuando llega la resolución judicial no es conforme resolvió entonces la administración y se producen distorsiones. Es muy complicado porque entran en juego sentimientos y arraigos que luego difícilmente se pueden cambiar".
criterios dispares. Aunque las causas que justifican el desamparo están perfectamente delitimitadas, determinar en cada caso si se dan o la veracidad de acusaciones y denuncias directas pero sin pruebas tangibles depende de los equipos de protección de menores y tanto Prodeni como el Defensor echan en falta un criterio uniforme.
"Hay una difusión grande de criterios y mucho subjetivismo, basado en opiniones y no en un trabajo profundo, porque no hay continuidad de los equipos, muchos son contratos temporales y el caso de una misma familia pasa por tres equipos distintos", asegura el portavoz de Prodeni. Chamizo reclama una "coordinación" de los informes de todos los equipos porque "cada provincia es un mundo".
Igual que el sistema legal español es garantista y defiende que más vale un culpable en la calle que un inocente en prisión, en cuestión de menores la consejera de Igualdad no duda en afirmar que prefiere pecar por exceso que por defecto. Y el Defensor reconoce que si bien "años atrás ha habido un exceso de celo", la administración ha hecho un esfuerzo por la prevención y el trabajo de las familias en riesgo de exclusión que no ofrecen al niño las condiciones adecuadas. En Andalucía hay 140 equipos de tratamiento familiar y el año pasado atendieron a 8.000 menores.
