Local

Todos contra la Junta pero en bandos distintos

Sindicatos de clase, profesionales, IU y PP muestran su rechazo al decreto de reordenación del sector público en la calle y en los tribunales, pero unos denuncian la pérdida de derechos para los funcionarios y otros que se abre la puerta a un empleo fijo en la administración sin opositar. 

el 23 oct 2010 / 19:19 h.

TAGS:

Plataformas de trabajadores y sindicatos protagonizan casi a diario manifestaciones en actos públicos.
Sindicatos de clase y de funcionarios, IU y PP y hasta el Defensor del Pueblo han mostrado su rechazo al Decreto-ley de reordenación del sector público -aprobado por la Junta en julio dentro de su plan de ajuste- en la calle, el Parlamento y los tribunales. Todos coinciden en que recorta los derechos laborales de quienes trabajan para la administración, pero la maraña creada en los últimos años con empleados públicos adscritos directamente a la Junta y externos en fundaciones y entes instrumentales hace que la oposición al decreto sea también heterogénea según a quien se protege.

 

La Junta ha iniciado contactos técnicos con UGT y CCOO, los agentes de la Concertación aunque no mayoritarios en el sector. Pero de momento sus propuestas no hacen que se planteen retirar sus recursos y parar las movilizaciones que mantienen paralelamente. A los sindicatos de funcionarios como CSIF y SAFJA no contentará el resultado de una negociación sin ellos. Y frente al silencio de Hacienda, tras varios abucheos y pitadas en actos públicos, el propio presidente Griñán, aseguró tajante el viernes que no habrá marcha atrás. Además tachó de "bulos" los perjuicios que los sindicatos ven para los empleados públicos en el decreto y atribuyó sus protestas a "alguien que tenga interés en mentir o en ganar unas elecciones sindicales", lo que ayer desató las iras de CSIF y CCOO.

La situación actual es que trabajando para la administración andaluza hay funcionarios de carrera, personal laboral -fijo, indefinido y eventual- y externos. Los funcionarios tienen su plaza por oposición,hay funciones que por ley sólo pueden ejercer ellos como autoridad pública, están sujetos a los principios de equidad y veracidad y sus condiciones laborales se rigen por un acuerdo marco que garantiza una tabla salarial, un horario y unos derechos iguales independientemente de donde ejerzan su labor. Los laborales también han pasado por un proceso público de selección -los fijos por oposición o concurso de méritos- pero están sujetos a un contrato de trabajo cuyas condiciones, en el caso de la Junta, se rigen por un convenio común para todos, si bien también hay laborales en las fundaciones y entes instrumentales donde se rigen por convenios propios. Por último, en las empresas públicas hay personal contratado sin más con sus condiciones fijadas por convenios específicos.

El decreto de la Junta prevé suprimir, por absorción o extinción, 111 empresas públicas y crear 14 agencias donde se integren trabajadores de los entes que se adhieran a cada una y funcionarios y laborales hasta ahora adscritos a la Consejería a la que estaba vinculado cada ente. No habrá despidos, sólo recorte de altos cargos, asegura la Junta.

Para los funcionarios, el traslado es voluntario pero en caso de irse a de las agencias lo harán como laborales y quedarán como funcionarios en excedencia, respetándoseles su antigüedad y computándoles el tiempo trabajado en la nueva agencia como mérito para traslados o promoción interna. Los laborales que hagan las funciones que ahora asumen las nuevas agencias serán integrados en éstas. UGT y CCOO creen que son los más perjudicados porque se les limitan derechos en el tiempo (sólo podrán participar en concursos de traslado durante cinco años) y dejarán de regirse por el convenio colectivo para el personal laboral de la Junta para estar sujetos al específico de cada entidad. Los sindicatos de clase reclaman que se les mantengan sus condiciones actuales mientras se negocia un acuerdo marco que regule lo básico (horario y tablas salariales) para todas las nuevas agencias, aunque luego haya convenios propios para las peculiaridades de cada una de ellas. Los trabajadores de las empresas públicas integrados mantendrán, mientras se negocia el convenio de cada entidad, sus condiciones actuales.

Sin embargo, los sindicatos de funcionarios ven en la integración de laborales y externos a estas agencias una puerta falsa para que adquieran una plaza fija sin oposición. Critican que con ello se limitan los puestos de acceso a la administración pública en un momento en el que opositar es una salida al paro y deja en manos de personal no funcionario, y por tanto no sujeto a los mismos principios legales, tareas que la ley les reserva, lo que a su juicio deteriora las garantías del servicio público al ciudadano.

Desde el arco político, IU se ha alineado con CCOO y UGT y el PP con CSIF y SAFJA, aunque IU se ha limitado a pedir en el Parlamento que se anule el decreto y el PP acudirá también a los tribunales con un recurso de inconstitucionalidad. Todos los sindicatos han recurrido el decreto por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -por lo que el Defensor se inhibió ante las quejas al haber un proceso judicial abierto-.

En los que ha resuelto, el TSJA ha derivado la cuestión al Constitucional, ya que el argumento esgrimido es la vulneración de derechos fundamentales: el de los trabajadores a que la modificación de sus condiciones laborales sea negociada con sus representantes y el conflicto con los principios de igualdad, mérito y capacidad que marca la ley para acceder al empleo público.

Y junto al frente judicial, siguen las protestas diarias en la calle, eso sí, cada sindicato por separado y en algunos casos con plataformas de trabajadores al margen de ellos como el del personal de la Agencia del Agua, de los más beligerantes. El decreto prevé su extinción por absorción, con Egmasa, en la nueva Agencia del Medio Ambiente pero desde la Junta ya se anuncia que podría integrarse sólo Egmasa y pasar al personal de la Agencia del Agua al organigrama de la Consejería de Medio Ambiente.

  • 1