El antropólogo forense Francisco Etxeberria, conocido por el vuelco que dio al caso Bretón y uno de los expertos que han declarado en la causa abierta en Argentina para investigar los crímenes del franquismo, repasó ayer las piedras en el camino que la recuperación de la memoria histórica está encontrando desde que se implicó como profesional en la primera exhumación de una fosa en el año 2000. Etxeberria fue claro al apuntar que igual que el movimiento ciudadano de las asociaciones memorialistas creó el clima para que este asunto se colara en la agenda política hasta desembocar en la aprobación de la ley de 2007, será la presión social la que tendrá que pelear por la judicialización del tema hasta llegar a una Comisión de la Verdad que defiende, pues también sentenció que «mientras nos centremos en lo ocurrido entre el 36 y el 39 quizás nos dejen hacer más o menos, pero donde hay pánico es a que nos metamos en investigar lo ocurrido durante el franquismo. Esa es la preocupación que tienen todos los partidos políticos».
El forense vasco participó ayer en las jornadas Exhumando fosas, recuperando dignidades organizadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (APRMH), el sindicato CGT y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a la que él pertenece con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla (las jornadas se celebraron en el centro cívico La Ranilla que ocupa la antigua cárcel del régimen). Y si dio su sitio y valor al papel de las asociaciones, también les afeó su «fragmentación» e incluso enfrentamientos por el daño que hace a la causa. «Y es lo que espera la derecha». Al tiempo defendió la profesionalización de las tareas de exhumación porque «a veces las han hecho gente sin el equipo y preparación adecuados».
«Cada uno a lo que sabe hacer», reivindicó. «Yo no pertenezco a ninguna asociación porque no puedo, porque soy técnico y las asociaciones son parte. Mi informe se podría invalidar. No me toca poner en mi laboratorio la bandera republicana como tampoco hay crucifijos». Para Exteberria, que en Andalucía ha participado en la primera parte de la exhumación de la fosa de La Puebla de Cazalla y en la recuperación de los cuerpos de soldados vascos muertos en el descarrilamiento de un tren en el que iban presos en Alanís de la Sierra, su trabajo debe ser «objetivo e imparcial» para que «sirva de prueba» en caso de que algunos juristas «se atrevan» a marcar una estrategia profesional, para la judicialización de los crímenes.
Recordó que los derechos de toda víctima son «verdad, justicia y reparación, por ese orden», pero la ley de memoria histórica en su opinión se ha querido saltar la justicia que le toca a otros reivindicar. «Lo mío es la verdad, que hay que oficializar, validar ante un juez».
El antropólogo repartió también para las instituciones, a las que pidió implicación «y no solo al Estado central, el concejal de mi pueblo puede hacer mucho, y algunas cosas no valen dinero», como los actos en los que por primera vez vecinos de izquierda y derecha hablan de algo que siempre ha estado ahí, algo que solo los entierros y homenajes tras exhumaciones ha sido posible en muchos sitios. Y se indignó especialmente con la falta de «responsabilidad» en la custodia de la documentación de sus trabajos. «No exigen informes incluso de aquellos que subvencionan y los que se mandan se pierden en la maraña administrativa, dentro de unos años no sabremos ni lo que hemos hecho». Por ello, él mismo lleva un banco de datos que, de momento, arroja la cifra de 320 fosas exhumadas (32 en Andalucía) y 6.174 esqueletos sacados (3.166 en Andalucía donde solo en la fosa malagueña de San Rafael se hallaron 2.000). «Esos son los huesos, la carne la ponen los familiares», defendió, y criticó que se quiera dejar que pase el tiempo para que no quede quien hable y reivindique.
