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Todos somos responsables

La celebración el pasado domingo del Día Mundial contra la Violencia de Género ha reabierto el debate sobre la aplicación y eficacia de la ley reguladora de esta materia, alegándose hechos y datos que parecen cuestionarla, en especial que en lo que va de año han muerto 69 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.

el 14 sep 2009 / 20:42 h.

La celebración el pasado domingo del Día Mundial contra la Violencia de Género ha reabierto el debate sobre la aplicación y eficacia de la ley reguladora de esta materia, alegándose hechos y datos que parecen cuestionarla, en especial que en lo que va de año han muerto 69 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y se han superado así las estadísticas de años anteriores. Siendo este dato desolador y preocupante, no es bueno caer en el pesimismo, sino más bien analizar la situación, detectar los errores cometidos y arbitrar los medios necesarios para erradicar esta lacra de nuestra convivencia.

El análisis de la situación debe partir de la realidad de la sociedad española. A partir del siglo XVIII, la burguesía triunfante impuso una nueva organización del mundo que no se limitó a la política ni a la economía, sino que trascendió a instituciones como la familia y la posición de la mujer en ella. La familia nuclear tradicional generó un modelo, vigente hasta hace pocos años: "el hombre trabaja y la mujer es la reina de la casa", dedicada en exclusiva a su administración y a la crianza y educación de los hijos. Para mantener a la mujer en esta situación de inferioridad no hacían falta leyes represivas, aunque las había como la licencia marital que convertía al marido en árbitro y controlador del patrimonio propio de la mujer; bastaba la falta de oportunidades, la ausencia de otras opciones que hacían imposible la libertad y la emancipación de la mujer.

Afortunadamente, este canon machista está desapareciendo de nuestra sociedad, pero su eliminación definitiva exige un esfuerzo constante y no bajar la guardia en ningún momento. La Ley Española de Protección Integral fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, circunstancia inhabitual en nuestro Parlamento. Pero esta Ley, como todas las demás, es sólo un medio, un instrumento para resolver conflictos; no tiene efectos milagrosos que nos lleven a pensar que vigente la ley desaparece el problema. Al contrario, los problemas surgen con su aplicación y es aquí donde debe implicarse toda la sociedad.

En primer lugar, las propias víctimas, utilizando todos los medios y recursos puestos a su disposición y evitando conceder ingenuamente su confianza a quien no la merece. También el protagonismo corresponde a las Administraciones Públicas en sus distintos ámbitos y dentro de este "sector público" el papel de jueces y fiscales es esencial; son ellos los que por su preparación y experiencia y por el conocimiento directo de los hechos los llamados a adoptar y a aplicar las medidas necesarias que hagan realidad la protección de las mujeres víctimas de los malos tratos.

Y por último, en esa colaboración "universal", asociaciones y entidades, medios de comunicación y particulares tienen también su propia responsabilidad y deber de actuar; la crítica de los fallos y carencias observados y la elaboración de alternativas que mejoren el sistema es tarea de todos. Y precisamente aquí es donde los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad de sus actuaciones y dada su incidencia social valorar con prudencia la trascendencia de aquellas para evitar daños irreparables.

Antonio Ojeda Escobar es notario

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