Togas con alas

Estudiantes de Derecho de la Universidad de Córdoba llevan al Parlamento una reforma de la ley para frenar los desahucios por razones humanitarias y la Junta asume la propuesta.

el 05 jun 2014 / 21:47 h.

Estudiantes de la Universidad de Córdoba con su profesor, la consejera de Fomento y diputados de PSOE e IU. / El Correo Estudiantes de la Universidad de Córdoba con su profesor, la consejera de Fomento y diputados de PSOE e IU. / El Correo La experiencia empezó el curso pasado. El primer día de clase en la Facultad de Derecho de Córdoba coincidía con la noticia de que un ciudadano malagueño se había quemado a lo bonzo desesperado ante un desahucio inminente. Ahí nació el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios. El profesor Antonio Manuel Rodríguez, impactado por el poco recorrido mediático de esta tragedia, lo comentó con sus alumnos y acabaron llevando al Congreso once medidas contra las ejecuciones hipotecarias que en algunos términos han sido asumidas por los grupos políticos. Ayer le tocó el turno a una veintena de alumnos, «jóvenes comprometidos con la realidad de su tiempo», en palabras de su profesor, que presentaron ante el Parlamento andaluz dos exhaustivos informes que defienden «el derecho a la vivienda y a la esperanza». Avalan la constitucionalidad de la ley andaluza de la función social de la vivienda, frenada por el Constitucional de manera cautelar por un recurso del Gobierno central, y proponen además un cambio urgente de la ley de enjuiciamiento civil para que los jueces puedan frenar los desahucios por razones humanitarias. Ésta última medida fue asumida por la consejera de Fomento, Elena Cortés, que estuvo en el encuentro con representantes de PSOE, PP e IU, y alabó el empuje, la «inteligencia colectiva» y la «utilidad social» de estos jóvenes y futuros letrados. La impulsarán ante el Parlamento y las Cortes. Cuando los datos del Banco de España de 2013 señalan un incremento de los desahucios en Andalucía del 11% frente al año anterior, este grupo de alumnos, entre 50 y 60 de tercero de Derecho y que han trabajado durante cuatro meses, llevaron soluciones a la Cámara que trasladarán también al Congreso y que, según ellos, demuestran que si se quiere se puede acabar con una de las mayores lacras de esta crisis. «Si una ley orgánica se cambia en un día, esto se puede hacer más rápido», aseguró Inmaculada López, portavoz del grupo que propone el cambio del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en alusión a la norma aprobada para allanar la sucesión en la Corona. Proponen modificar ese artículo para que los jueces, «como garantes de nuestros derechos fundamentales», dejen de tener las manos atadas y puedan parar los desahucios que afecten a desempleados sin prestación (la mayoría de los desahuciados), víctimas de violencia de género, personas en situación de viudedad, inmigrantes, familias monoparentales, con hijos (el 70% de los que pierden su vivienda), discapacitados, dependientes o enfermos graves.Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, referidos a 2013, en España se ejecutaron una media de 184 desahucios al día. Muchos, advirtieron ayer los estudiantes, se podrían haber evitado. Los alumnos, que tomaron la palabra ante sus señorías para explicar su trabajo, insistieron en defender que «no deben confundirse los conceptos de propiedad sobre un inmueble con el concepto de vivienda como bien jurídico y derecho humano». Sobre la ley andaluza antidesahucios, recurrida y frenada en el Tribunal Constitucional, los futuros letrados han llevado a cabo un estudio minucioso a través del derecho comparado con las normas anglosajonas, el derecho francés y alemán, lo que ocurre en los países nórdicos, Argentina, Bulgaria o lo que ha dicho Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su conclusión es que es «plenamente constitucional» y que ha sido recurrida, aseguraron, «por razones económicas», expuso Jorge Berdeti. Es decir, por preservar fundamentalmente a las entidades bancarias. Los universitarios han estudiado los aspectos más polémicos de la norma andaluza, como el derecho a la expropiación temporal por parte de la Junta mediante el pago de un justiprecio de aquellas viviendas donde residan familias que vayan a ser desahuciadas y estén en riesgo de exclusión social. También han analizado las sanciones a las viviendas vacías en manos de bancos y promotoras. Apuntan a la Ley de la Reforma Agraria Andaluza, el recurso y la sentencia del Constitucional que reconoció su plena legitimidad y legalidad, como uno de los precedentes de la ley antidesahucios. Los jóvenes en la mesa dejaron propuestas, con el compromiso del Gobierno andaluz de que serán impulsadas, y se llevaron un aplauso unánime de los diputados. Su clase fue magistral. Su profesor aseguró que ellos rompen los prejuicios sobre la que llaman «la generación desencantada» y los alabó por, «desde el rigor, proponer utopías».

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