Hace unos días conocí con asombro el caso de una Asociación Feminista gallega que ha llegado al límite de la provocación y osadía en contra del Estado de Derecho, pues ha colaborado activamente, con impunidad y sin reparo, en el secuestro de una niña de 7 años, contrariando abiertamente una resolución y orden judicial que acordaba que la pequeña permaneciera con el padre durante un mes de verano.
Pretexto de esa actuación: el padre es un maltratador, mas sin ni siquiera acusación porque el maltrato que se alega ocurrió supuestamente hace siete años, antes de nacer la niña. Aun desconociendo los detalles, y la versión del padre, víctima junto a la niña de una flagrante actuación delictiva, ignorando cuánto tiempo el padre podía haber estado reclamando ver a su hija, y sin poder verla, ignorando los detalles que, seguro que conocen la juez y la fiscal que se guiaron en sus decisiones por un informe pericial que detectó alineación en la niña, lo cierto es que resulta insólito, eso sólo ocurre en España, que una asociación subvencionada por todos y todas, se erija en juez, perito y parte.
Llegamos a extremos intolerables, siendo evidente la intención del feminismo radical de acabar con la independencia judicial, sustituyendo los Tribunales de Justicia por Tribunales de Inquisición, fieles a sus dictados. Hace dos años, tuve un caso similar, en el que conseguí que un padre pudiera, después de años de lucha, estar con su hijo durante la mitad de vacaciones de verano; ahora el niño tiene un papá y una mamá, sin haber sufrido ningún trauma, habiendo sido el padre absuelto de los cargos de maltratador que pesaban sobre él.
Me pregunto qué papel haríamos si un tribunal europeo acordara la restitución inmediata de un menor ilícitamente trasladado a nuestro país, y una asociación decidiera dar prevalencia la decisión de la madre sustractora. El ridículo más absoluto y tolerado porque España es diferente.