Local

Tomás Olivo niega que se beneficiara del Ayuntamiento de Marbella

El empresario murciano Tomás Olivo defendió ayer ante el juez la legalidad de todas sus actuaciones y aseguró que "nunca se ha beneficiado del consistorio".Foto: EFE.

el 15 sep 2009 / 11:18 h.

TAGS:

El empresario murciano Tomás Olivo, imputado por supuestas irregularidades urbanísticas al adjudicarle directamente el Ayuntamiento de Marbella unas parcelas, defendió ayer ante el juez la legalidad de todas sus actuaciones y aseguró que "nunca se ha beneficiado del consistorio".

Tomás Olivo compareció ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella por la adjudicación a su empresa, General de Galerías Comerciales, de unas parcelas como pago de una deuda en relación con unas obras ejecutadas.

Se trata de la tercera declaración Olivo ante el juez y es consecuencia de una deducción de testimonio del caso Malaya, una de las 27 diligencias en las que se desglosó una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos. La querella se basa en un informe del Tribunal de Cuentas según el cual la adjudicación de parcelas y aprovechamientos urbanísticos a la empresa de la que Olivo es delegado supuso un perjuicio de más de 44,8 millones de euros para las arcas municipales.

Por esta causa comparecieron también ayer el ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes y el interventor, Juan Antonio Castro y, según fuentes de sus defensas, Olivo mantuvo sus anteriores declaraciones al asegurar que "todos los pagos que ha efectuado están legalizados, justificados y documentados, así como que su actuación ha sido siempre correcta".

Leopoldo Barrantes defendió la legalidad de la subasta pública celebrada en marzo de 1996 sobre los bienes inmuebles, valorados entonces en más de 11,5 millones de euros. Según el informe del Tribunal de Cuentas, la subasta quedó desierta y cuatro años después las parcelas fueron adjudicadas de forma directa por el entonces alcalde en funciones, Julián Muñoz, a la empresa de Olivo, siete meses después de que el consistorio firmara un convenio en el que se consideraba deudor de esta compañía por unas supuestas obras ejecutadas.

Juan Antonio Castro aseguró que todos los pagos en relación con esta actuación fueron legales aunque precisó que el conocía las iniciativas del consistorio "mucho más tarde".

  • 1