Antonio Rodrigo Torrijos a su entrada a los Juzgados de Sevilla.
Seis horas estuvo ayer el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en las subvenciones municipales otorgadas a la Fundación DeSevilla, entidad dedicada a proyectos de cooperación. El que fuera delegado de Relaciones Institucionales y patrono de la entidad aseguró que desconocía las incidencias del día a día que pudieron surgir en los expedientes que su delegación tramitó con la Fundación, uno de ellos para otorgar una ayuda de casi un millón de euros, aludiendo a su condición más política. Torrijos también dijo desconocer el destino dado a dicha subvención y recordó que ésta se aprobó en la Junta de Gobierno local, con el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín al frente.
Una hora y cuarto antes de la hora en que fue citado tenía que estar ante el juez a las nueve de la mañana, Torrijos entraba en los juzgados y no saldría hasta casi las cuatro de la tarde para aclarar su posible participación en un delito de malversación de fondos públicos y falsificación en certificados. Seis horas intensas en las que fue cuestionado por cuatro subvenciones solicitadas por DeSevilla a su delegación, principalmente por una ayuda de 990.000 euros, de los que la entidad recibió finalmente 742.000 euros, el 75%. No obstante, la Fundación renunció a la subvención, aunque ésta no fue reintegrada a las arcas municipales ni su destino fue justificado.
El portavoz de IU explicó que cualquier propuesta de subvención de la Fundación llegaba a la Junta de Gobierno Local, compuesta, entre otros, por todos los tenientes de alcalde y el alcalde de Sevilla, que en ese momento era Alfredo Sánchez Monteseirín. En el caso de esta ayuda se aprobó por unanimidad, al igual que las tres prórrogas que la Fundación solicitó para poder justificar los gastos, según consta en el acta de declaración de Torrijos, extremo que nunca llegó a realizarse.
Torrijos admitió ante el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, que pese a que era conocedor de las dificultades financieras de la Fundación a fecha 2008, firmó el convenio de subvención porque en aquellas fechas se tenía confianza en el buen fin de ese convenio, pues se estaban adoptando las medidas de corrección que había propuesto la empresa auditora de las cuentas. De hecho, dijo recordar la solicitud de un préstamo de 400.000 euros para cubrir sus necesidades financieras, a lo que añadió que otra cosa es lo que a fecha de hoy y a toro pasado hubiese hecho.
No tenía facultades de gestión, contratación, administración ni acceso a las cuentas de la Fundación y no tenía firma en sus cuentas corrientes, insistió el portavoz de IU, que también dijo desconocer de quién fue la idea del proyecto a subvencionar, pero que debería ser de una de las personas relacionadas en la llevanza de la Fundación, más en concreto del exedil y vicepresidente del Patronato Carlos Vázquez y del gerente, Miguel López Adán, también imputados en la causa. De hecho, preguntado sobre los detalles del expediente dijo que como delegado de Relaciones Institucionales ostentaba el cargo y desarrollaba en él una actividad fundamentalmente política y así no estaba encima de la tramitación día a día de los todos los expedientes y de todas las incidencias que hubiese en ellos.
Por ello, afirmó que existen muchos detalles que no recuerdo o que no puedo precisar bien, a pesa de que en los mismos constase su firma. Y es que aseguró que en la tramitación de los expedientes, en el día a día no había una comunicación permanente con Vázquez y el gerente, pues tenía delegadas las funciones administrativas, dedicándose más a la actividad política en sí. Así, afirmó que nunca ha tenido conocimiento del desarrollo de los proyectos subvencionados, negando que el proyecto al que iba destinado la ayuda lo llevara de la mano junto con el gerente.
SIN DEVOLVER. Torrijos también fue cuestionado por el hecho de que la entidad no devolviera los 742.000 euros entregados, pese a que el gerente presentó una renuncia a la misma. En este sentido, el portavoz de IU destacó que él declaró entonces como concluso el expediente, aunque con ello no pretendía ocultar, perdonar o evitar el pago de los 742.500 euros adelantado. De hecho, aunque reconoció que tras cerrar el expediente de la subvención no instó en forma activa la incoación de un expediente de reintegro, aseguró que no lo hizo porque al considerarlo concluso lo comunicó a la Intervención y a la Fundación a los efectos oportunos. Con esto quiso aclarar que el hecho de que el expediente de la subvención estuviese cerrado, no significa que no se puede abrir otro, recordando que se estaba y se sigue estando en plazo para el reintegro. Asimismo, dijo estar al tanto de que para equilibrar el patrimonio negativo de la Fundación se acordó en Pleno traspasar a la Fundación un millón y medio de euros, aunque dicho trámite no lo ejecutó la Corporación municipal donde él era primer teniente de alcalde, sino la nueva Corporación Municipal.
A la salida, Torrijos se mostró muy satisfecho con su declaración, con la que dijo se podrá entender que mi actuación ha sido ajustada a derecho. Asimismo, reiteró que jamás ha utilizado fondos públicos con fines particulares o partidistas, una cuestión por la que ni siquiera he sido preguntado por el juez ni por el fiscal. Me siento tranquilo y confiado en que cuando finalice el procedimiento quede demostrado que mi actuación no vulneró la legalidad, y esto lo afirmo sereno y plenamente confiado en mi inocencia y en la propia acción de la Justicia, concluyó.
