La comisión de afectados por el más que probable cierre del colegio mayor Maese Rodrigo de Mairena del Aljarafe se manifestarán esta tarde en la localidad para pedir al Ayuntamiento que avale la institución con tal de asegurar la continuidad de su actividad. A partir de las 20.00 horas, colegiales, trabajadores, alumnos del Aula de la Experiencia que tiene su sede en dicho colegio mayor y vecinos de la localidad se concentrarán a las puertas del Maese Rodrigo para recorrer las calles maireneras hasta llegar a la casa consistorial, donde volverán a pedir la ayuda del equipo de Gobierno. La caída del número de residentes y, por tanto, de ingresos ha provocado que en dos años el colegio mayor tenga una deuda de más de 200.000 euros que pone en jaque la continuidad de su actividad. Sin embargo, desde la comisión creada a partir de esta situación esperan que el Ayuntamiento se decida por avalar un proyecto que llegó a la localidad hace ya 20 años. Pese a que hace menos de una semana los grupos de la oposición (PSOE, IU y PA) presentaron una moción, apoyada por más de 3.700 firmas, en la que solicitaban el apoyo financiero del Ayuntamiento, mediante la forma jurídica correspondiente, para salvaguardar tanto los ocho puestos de trabajo directos más los indirectos, así como las actividades culturales, el Ayuntamiento aseguró que los informes del interventor apuntaban a la imposibilidad legal. Puesto que el colegio mayor no pudo abrir su plazo de matriculación en mayo, los 160 alumnos que en el habitaban han tenido que buscar otra opción para vivir. Hasta el punto de que por el momento «solo quedan seis o siete alumnos», apunta uno de los colegiales afectado, Damián Gil. Según este joven, la solución que les dan desde la Universidad de Sevilla institución que impulsó junto al Ayuntamiento este centro en 1994 es realojarlos en otras residencias de estudiantes. Aunque la manifestación está convocada para esta tarde, el portavoz de la comisión, Antonio Gil, asegura que no seguirán adelante si el Ayuntamiento les ofrece la solución que pide: «La firma del aval necesario para salvar el colegio». Pese a que el Consistorio asegura que la ley no se lo permite, Gil sostiene que más que un problema legal es «una cuestión de voluntad». Y es que, para el grupo de afectados, «no tiene sentido que se cierre un colegio mayor con 20 años de historia cuando incluso ha generado beneficios». Según apuntó la oposición en el Pleno, en anteriores cursos el centro había aportado hasta 700.000 euros a las arcas municipales. Aunque el tres concejales del Ayuntamiento participen de la junta de gobierno del centro, desde el Consistorio apuntan también a la responsabilidad de la Universidad de Sevilla, institución encargada de designar la dirección del centro. LA POSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO. Ante la petición de ayuda por parte de colegiales, trabajadores, alumnos del Aula de la Experiencia, ciudadanos y otros partidos políticos, el Ayuntamiento sostiene que no puede ayudar a esta institución ya que la ley no se lo permite. En este sentido, sostienen que el Secretario General y del interventor apuntan a que la legislación vigente «impide al Consistorio cualquier tipo de ayuda económica, subvención o aval al colegio mayor». Cuando los grupos de la oposición presentaron en la última sesión plenaria una moción para apoyar la continuidad del colegio, el Ayuntamiento alegó a un documento en el que su propio director sostenía que «el funcionamiento del colegio mayor es autónomo y totalmente independiente, por lo que es el propio centro el que toma las decisiones que considera pertinentes tanto en materia contable como del personal contratado». El alcalde de la localidad, Ricardo Tarno, apuntó durante el Pleno que los anteriores gobiernos municipales no procuraron adaptar la institución a las leyes vigentes de fundaciones, por lo que no se puede considerar como tal. En consideración con estas circunstancias, el Ayuntamiento sostiene que, pese a que duela, no recae sobre él la continuidad del centro.