La Guardia Civil tomó declaración como testigos a varios trabajadores de UGT-A en el marco de la investigación por las presuntas facturas falsas del sindicato, uno de los cuales, destinado en el departamento de Contabilidad, aseguró que dentro de la entidad "existían dos realidades contables distintas, una la del departamento de Contabilidad y otra la del de Justificación".
Este testigo, identificado como F.M.A., explicó en su declaración ante los agentes que ello se debía a que el departamento de Justificación "era quien preparaba todos los documentos que se entregaban a la Junta para justificar los programas", una situación que "llevaba a que, con posterioridad, el departamento de Contabilidad tuviera que encajar ambas realidades, lo cual era muy complicado".
Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el trabajador añadió que "ello llevó a que en el año 2010 se intentara integrar ambas realidades, la contable y la presentada ante la Junta, a través de un software cuyo diseño se encargó a una empresa externa llamada en un principio Agaex y ahora Xtrem, la cual desarrolló" el programa 'Spiro', el cual "integraba la justificación, la contabilidad y los datos del departamento de compras".
El testigo explicó que su departamento dependía del exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda y aseguró que "las instrucciones que los trabajadores recibían" del mismo "era intentar imputar a los programas la mayor cantidad de gastos", tras lo que pasó a referirse a la forma en la cual se distribuían los fondos recibidos de la Junta para formación.
En este sentido, precisó que las empresas entregaban a las federaciones del sindicato, a través de Soralpe, "un talón, sin que se conozca en concepto de qué se entregaban estos talones,", aunque "sí se trataba de una comisión por la adjudicación".
"CRECIMIENTO ESPECTACULAR" DEL 'BOTE' Cuestionado por el 'bote', señaló que consistía en que "determinados proveedores de confianza, los cuales son señalados en todo caso por Fresneda, mantenían una relación con el sindicato, de manera que para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, éstos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se había realizado o servido realmente".
De este modo, "para establecer la diferencia real entre lo facturado y servido, el departamento de compras estableció lo que se dio en llamar el 'bote'", de manera que "se intentaba mantener un cierto control sobre dicha diferencia", aunque "llegó un determinado momento en que el 'bote' creció de manera espectacular".
Al hilo, aseveró que las facturas emitidas por los principales proveedores de UGT-A "llegaron a alcanzar cantidades muy importantes, de 150.000 o 180.000 euros", subrayando que "era conocido por todo el mundo que el concepto de las facturas no se correspondía con lo servido, pues luego había todo tipo de servicios". "El volumen que alcanzó esta práctica fue tal que escandalizaba a todo el mundo", agregó.
De hecho, "entre los propios trabajadores comentaban que esta práctica no podía continuar y que iba a explotar", por lo que "se le advirtió en varios ocasiones" al propio Fresneda.
EL 'RAPEL' En cuanto al 'rapel', aseguró que "todos los proveedores que contrataban con UGT-A debían realizar una serie de descuentos por 'rapel'", aunque "los porcentajes establecidos, que eran negociados por Fresneda, eran diferentes dependiendo de los proveedores", fluctuando entre un 3 y un 15 por ciento.
"Estos descuentos eran otra vía de ingreso del sindicato, de manera que al proveedor se le obligaba a realizar unos descuentos que no revertían a favor de la subvención recibida, sino que iba directamente a enriquecer a la organización", dijo el testigo, que subrayó que "todos los fondos recibidos" por ambos mecanismos "se dedican al funcionamiento del sindicato".
La UCO también tomó declaración a J.M.G., que trabajó tanto en el departamento de Contabilidad como en el negociado de Justificación, y que señaló que "la mayoría de los gastos estructurales de la organización regional, siguiendo las instrucciones" de Fresneda y de la también imputada María Charpín, "eran imputados a programas subvencionables". "El 100 por cien de los gastos de estructura de UGT-A, casi el 100 por cien de los gastos de personal, quedarían cargados a distintos programas por los que la organización recibe subvenciones", subrayó.
En esta línea, también hizo mención al "desajuste" entre el departamento de compras y justificación y el de contabilidad, lo que "provocó" que se desarrollase el programa contable Spiro "con el fin de coordinar ese desajuste", añadiendo que este "descuadre" se generaba al solicitar al proveedor "que emita una factura que sirva para justificar un gasto que deba serlo ante la administración en un determinado programa, sin que el servicio se haya prestado realmente".
Sobre el 'rapel', este testigo coincidió con el anterior en que "la factura emitida por el proveedor por el 100 por cien del gasto era imputada a un programa subvencionado, caso de ser un gasto subvencionable, pero en el momento que el proveedor devolvía una determinada cantidad, este descuento no se comunicaba a la administración".
FACTURAS "FICTICIAS" Asimismo, un tercer testigo, R.A.M., que fue secretario de Fresneda hasta el año 2006 y que también trabajó en el departamento de compras, manifestó que, al entrar en este departamento, "se encontró que existían unas hojas excel de gestión denominadas 'saldo de proveedores' a través del cual se gestionó una serie de saldos que se generaban como consecuencia de que determinados proveedores de confianza emitían facturas por servicios realmente no realizados o facturas que eran infladas artificialmente o eran directamente ficticias".
"La emisión de estas facturas generaba un saldo a favor del sindicato que debía ser gestionado adecuadamente, para lo cual se llevaban las hojas de cálculo mencionadas y, a partir de 2010, se desarrolló un software de administración denominado 'Spiro'", pero en esta aplicación "estas hojas denominadas 'saldo de proveedores' pasaron a denominarse 'gestión de botes'", llegando a ser los saldos a favor "muy importantes, sobre todo con determinados proveedores, con los cuales se llegaba a pactar la presentación de determinada información fiscal".
Este testigo señaló que el saldo del 'bote' "se utilizaba para afrontar gastos no justificables, como por ejemplo gastos de manifestaciones, viajes del secretario general o incluso habitaciones para Cándido Méndez", y aseguró que "todos los proveedores que quieren trabajar con UGT-A deben entregar a ésta un porcentaje que oscila entre el 3 y el 20 por ciento de todo lo servido".
PASTRANA Y FERNANDEZ SEVILLA, "CONOCEDORES DE LA FINANCIACION IRREGULAR" Según el testigo, Fresneda presentaba anualmente ante la Comisión Ejecutiva Regional un informe de compras "en el que detallaban los ingresos por rapel o comisión" y "cómo se iba a repartir ese ingreso", por lo que los exsecretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla "eran perfectamente conocedores de esta financiación irregular".
Tras manifestar que "existían otros ingresos muy importantes en concepto de comisión, que eran las pagadas por constructores o promotores inmobiliarios que trabajaban para UGT-A", el testigo explicó que "otro sistema utilizado para burlar los controles era mantener siempre un mínimo de unidades de elementos de los supuestamente adquiridos con facturas falsas o 'engordadas', de manera que ante cualquier inspección de la administración siempre se pudiera mostrar alguno de estos elementos como muestra de su supuesta adquisición".
Este testigo no denunció antes los hechos "porque temía ser despedido de manera inmediata y necesitaba mantener su trabajo; además, no veía viable enfrentarse a una organización tan poderosa".
