El Ministerio de Trabajo ha paralizado el procedimiento sancionador derivado de la inspección laboral a la que ha sometido al Grupo Marsans y ha remitido a la Fiscalía las actuaciones al considerar que las infracciones cometidas por la dirección de la empresa "pueden ser constitutivas de ilícito penal".
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, contesta así a una reclamación interpuesta por el sector ferroviario y servicios turísticos de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT, en representación de los trabajadores, a la que tuvo acceso Efe.
El inspector del Ministerio que dirige Celestino Corbacho afirmaba el pasado 9 de agosto que "de las conductas seguidas por la dirección de las empresas del Grupo Marsans se entiende que se puede haber incurrido en conductas ilícitas penales tipificadas en el Código Penal".
Trabajo reconoce que Marsans ha incumplido varios artículos de la ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que constituyen tres infracciones graves y dos muy graves tipificadas en la normativa del Orden Social.
En concreto, asegura que no ha ingresado las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores, "pese a haberse reducido el abono de sus retribuciones", por lo que Trabajo afirma que "la jurisprudencia imputa este ilícito penal a las conductas empresariales, por apropiación indebida de las cuotas de los trabajadores retenidas y no ingresadas".
Además, cree que el personal de Marsans ha sufrido "falta de ocupación efectiva" y un "atraso reiterado y falta de puntualidad" en el cobro de sus salarios, y también considera que la dirección de la empresa "no mantiene en adecuadas condiciones de limpieza los centros de trabajo".
El sindicato UGT destacó ayer que la respuesta del Ministerio de Trabajo a la reclamación de los trabajadores de Marsans corrobora sus sospechas y "peores augurios". "La integridad en la gestión del Grupo Marsans, de los anteriores dueños Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, responsables máximos del cierre de Viajes Marsans entre otras empresas del Grupo, está, ahora más que nunca, en tela de juicio a tenor de la contestación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid", destacó el sindicato.
Asimismo, aseguró que "en TCM UGT hemos venido denunciando las poco éticas actuaciones en la gestión de las empresas del Grupo Marsans, de quien siendo el presidente de la patronal CEOE, y como tal, representante de una parte importante del empresariado de este país, debería dar ejemplo y ser modelo a seguir".
A finales del pasado mes de julio, los propietarios del grupo Marsans, la firma Posibilitum, y los administradores concursales de la compañía acordaron con el comité de empresa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla de Viajes Marsans, compuesta por 1.445 trabajadores. A pesar de despedir a todos los empleados, el portavoz de Posibilitum aseguró en aquellos momentos que no se trataba de una liquidación de la compañía, aunque admitió que la situación era bastante delicada. El acuerdo contempla el pago de 32 días por año trabajado con un máximo de 70.000 euros. Asímismo, se acordó tener un fondo de 1,9 millones de euros para la mejora de las indemnizaciones a los mayores de 50 años.
Tras la compra del negocio de Díaz Ferrán y Pascual por parte de Posibilitum, los nuevos propietarios anunciaron que sería necesaria la venta de activos no estratégicos que generen liquidez y permitan a la compañía continuar con sus operaciones.
La deuda acumulada por Viajes Marsans y el resto de negocios adquiridos (incluye la malograda aerolínea Air Comet, entre otros) asciende a unos 600 millones de euros.
