Estas 20 cámaras se colocarán en los principales accesos del Casco Antiguo y costarán un millón de euros. En concreto, la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (Sice S.A.) logró el contrato por 956.947 euros.
El plazo para el suministro y la instalación es de un año, así que si la adjudicación definitiva se realiza a finales de agosto o septiembre, los trabajos podrían empezar en otoño y acabar, como muy tarde, en otoño de 2010. Casi dos años después de lo previsto.
El pasado 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria del concurso para esta contratación, con varios meses de retraso, ya que el delegado de Movilidad, Francisco Fernández, anunció en junio de 2008 que el sistema para controlar el acceso al Centro estaría a principios de 2009.
Según comentó ayer la portavoz del Ejecutivo local, tras la reunión de la Junta de Gobierno que aprobó la adjudicación provisional del contrato con Sice, el Ayuntamiento no tiene "ánimo recaudatorio", sino que lo que quiere es controlar "lo mejor posible" los accesos al Centro. La portavoz no precisó cuándo podría entrar en funcionamiento esta tecnología.
Cada una de las cámaras que se prevé instalar posee un módulo de lectura de matrículas (cámara infrarroja y motor de reconocimiento), de captura de imágenes (para tener una prueba documental de la infracción) y un módulo de comunicaciones (para poder informar a Tráfico y a la Policía Local de la infracción).
Así, cada vez que entre un coche al Centro sin autorización, el sistema reconocerá la matrícula sin necesidad de que se tenga que detener, comprobará en la base de datos central si el usuario es residente o no, si tiene permiso o si pertenece a una lista negra. Además, el sistema almacenará la información del tránsito, tanto la imagen como el resto de datos identificativos (matrícula, fecha, hora, carril, etc.). Y en tiempo real podrá transmitir cualquier incidencia a Tráfico.
El veto al coche en el Centro está recogido en la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, que depende en la actualidad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS). En el TSJA hay pendientes varios recursos, entre ellos el de ocho asociaciones vecinales, aunque ya se ha pronunciado en dos ocasiones y siempre en el mismo sentido, estimando parcialmente los recursos contra la ordenanza, aunque no vetaba el cierre del Centro. Precisamente, son estas primeras sentencias las que están recurridas por el Ayuntamiento al Supremo, que puede confirmar el fallo del TSJA o revocarlo. El TSJA estima que las zonas peatonales no pueden ser usadas por los ciclistas.
