Las 1.149 solicitudes para acogerse a la Ley de Dependencia presentadas en Dos Hermanas, ya han sido tramitadas. Este año se tratarán los casos de dependencia severa, el segundo escalón en la clasificación, y en 2009 será el turno para los de segundo grado.
La mayor importancia de la ley radica en el reconocimiento del derecho a ser asistidos por las administraciones. Tal y como cuenta la concejal del Bienestar Social, Lourdes López, si los evaluadores estiman que a una persona hay que darle una residencia, hay que dársela "y que se apañe la Junta", sentencia la edil, que además desveló que para el desarrollo de la ley la ciudad ha recibido hasta la fecha unos 170.000 euros para contrato del personal (actualmente hay cuatro trabajadores sociales y dos administrativos) y material inmobiliario. Se han recibido otros 157.000 euros para el periodo de enero a junio y tras este semestre se determinará si dar más dinero o no.
Los nazarenos que deseen acogerse a esta nueva normativa deben presentar una solicitud en los Servicios Sociales Comunitarios, que dependen del Ayuntamiento, para entrar luego a formar parte del Sistema de Atención a la Dependencia (SAD).
Después, son los técnicos municipales los que entregan dicha solicitud al equipo de evaluación de la Junta, que debe entrevistarse con la persona y valorar si el solicitante reúne los requisitos de una persona dependiente. Antes de dos meses, el equipo transmite su evaluación a la Delegación de Bienestar Social, que determinará el nivel de dependencia del paciente y le darán al interesado un catálogo de servicios a los que puede optar.
La resolución vuelve a los técnicos del Ayuntamiento para que, tras un consenso con el interesado y su familia, se elabore un Programa Individual de Atención (PIA), donde se le recomienda la atención que más convenga. En Dos Hermanas el PIA no tarda más de una semana.
Una vez que el solicitante de las ayudas tiene su propio PIA elaborado, la Delegación de Bienestar Social de la Junta de Andalucía emite una resolución donde se establece la prestación que le corresponde y la participación en el coste en función de su capacidad económica.
