El Parlamento aprobará definitivamente la Ley integral de Transexualidad en el último pleno de este periodo de sesiones el 25 de junio, y la norma entrará en vigor de forma inmediata. En el corto-medio plazo, esto obligará a la Consejería de Salud a ofertar cursos de especialización para algunas de las fases del tratamiento de cambio de sexo, ya que ahora sólo existe en Málaga, y el personal sanitario de otras provincias no cuenta con los conocimientos específicos necesarios, apuntaron fuentes del grupo parlamentario de IU. El paso de gigante que dará la norma será eliminar la obligatoriedad de someterse a pruebas psicofísicas para cambiar de sexo, algo que sí exigen otras regiones donde hay regulación al respecto (País Vasco o Navarra).
Después de muchos meses de trabajo conjunto, esta semana los tres grupos PP-A, PSOE-A e IU alcanzaron por unanimidad un acuerdo sobre el proyecto de ley, un consenso al que se unieron las organizaciones de gays, lesbianas y transexuales.
Los tres partidos coinciden en la importancia de haber firmado un acuerdo unánime en un momento político tan tenso, aparcando las diferencias que les separan en un tema tan sensible como la sexualidad, donde izquierda y derecha suelen confrontar ideologías muy contrapuestas. No es muy habitual que los diputados de IU elogien a los del PP, sin embargo, en este caso todo han sido reconocimientos para con la ponente popular en el debate de la ley, Esperanza Oña, de quien señalan «ha tenido un papel fundamental». El PP es coautor directo de la Ley integral de Transexualidad en Andalucía, sin embargo, ha vetado en Madrid un texto muy similar.
La política es bipolar. El pasado abril, el mismo día en el que el Gobierno se fracturó por los realojos de la Corrala Utopía, mientras PSOE e IU escenificaban un pulso inexplicable en los pasillos del Parlamento, dentro, en el pleno, los socios presentaban conjuntamente la proposición de Ley de Transexualidad, con el voto del PP-A, y fue aprobada por unanimidad. Ese fue el punto de no retorno de una norma que ha estado encasquillada muchos meses, y que esta semana ha cerrado el texto definitivo. Es la segunda ley del pacto de Gobierno que entra en su fase final, y que cuenta con el apoyo de la oposición (también esta semana se ha aprobado por unanimidad la Ley de Transparencia).
La ley trae consigo muchas ventajas jurídicas y sanitarias para aquellas personas cuya identidad sexual es distinta al sexo biológico: una mujer en el cuerpo de un hombre, o al revés. Pero por encima de todo introduce un concepto que engloba todo el espíritu de la ley: la autodeterminación de género, el derecho a cambiar del sexo con el que has nacido. «Ésta no es una ley que dé derechos. Es una ley que sólo da un derecho, el de autodefinirse», dice la diputada socialista Soledad Pérez. La parlamentaria de IU Alba Doblas cree que el cometido de la ley es «igualar a los transexuales con el resto de la ciudadanía». Durante el debate, Oña ya se descolgó advirtiendo a los otros dos grupos de que «no tengan la tentación de excluir al PP-A de las reivindicaciones de este colectivo porque se trata de un problema exclusivamente de derechos humanos, del más básico de todos, del derecho a la vida completa». La diputada popular fue muy aplaudida cuando culminó diciendo que el objetivo de la futura ley es el «recomponer la concordancia entre el sexo físico y el interior y desmitificar la operación de sexos».
El texto que será aprobado el próximo 25 de junio ha avanzado a trompicones, debido en parte al escepticismo de las autoridades sanitarias. Y no es extraño, porque la ley busca, ante todo, despatologizar la transexualidad, dejar de tratarla como una enfermedad, una anomalía que en el argot médico se hace llamar disforia de género. La norma que han pactado los tres grupos parlamentarios pone fin al examen psicológico y al diagnóstico previo que ahora es obligatorio antes de someterse a la hormonación, primer paso para una operación de cambio de sexo. El último escollo que superó la ley tuvo que ver, precisamente, con la descentralización de los tratamientos hormonales, que ahora sólo se consiguen en la Unidad de Trastornos de Identidad de Género del hospital Carlos Haya de Málaga. La norma prevé que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) generalice un procedimiento integral de reasignación de sexo y una atención sanitaria multidisciplinar segura. La cartera andaluza de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios y, a veces, arriesgados.
El otro aspecto de la ley que más dudas ha generado es el relativo a los menores transexuales, algo que al final se ha resuelto incluyendo en la ley la tutela de la Fiscalía de menores y de los organismos públicos, dependientes de Igualdad, que velan por los derechos de los niños. La futura ley contempla una fase de apoyo psicológico a los padres de menores de 12 años; y ya en la pubertad, facilitará el uso de bloqueadores inyectables, que frenan el desarrollo secundario (que una niña no desarrolle mamas ni menstruación, que a un niño no le salga la voz grave ni vello en el cuerpo). En la sanidad andaluza ya se usan para frenar la menstruación prematura en niñas de 6 o 7 años. Salud es escéptica sobre si hay que generalizar estos tratamientos. El colectivo transexual asegura que el efecto de los bloqueadores es reversible, y que si se suspende el tratamiento durante seis meses, sus efectos desaparecen. Con la nueva ley, los menores tendrán pleno derecho a recibir «la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad». El texto incorpora una mención a la Ley del Menor y la normativa sobre información clínica. Los responsables de la UTIG de Málaga advierten de la complejidad de descifrar la identidad de género en menores de 12 años, cuando ni siquiera han llegado a la etapa de desarrollo físico y emocional. Al respecto, citan el informe del University Center Medical de Amsterdam, de 2013, que concluye que «el 84% de niños menores de 12 años ha experimentado disforia de género, pero cuando llegan a la pubertad esos cambios desaparecen y sólo persiste un 15%».
Otra de las facilidades que aportará la ley será la tarjeta identificativa para transexuales que podrán presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo colegios, universidades y hospitales. La tarjeta no sustituye al DNI, pero servirá para acreditarse mientras se tramita el cambio de nombre en el registro, una competencia estatal. La ley también incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, por discriminación a transexuales.
