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Transparencia: Más vale tarde que nunca

Tres expertos consideran que la Ley de Transparencia va con retraso, pero estiman que su aprobación será positiva porque fundamentalmente permitirá a los ciudadanos solicitar información a las administraciones públicas

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15626594La Ley de Transparencia Pública de Andalucía finalmente entró el jueves en el Parlamento Andaluz para iniciar su tramitación. El Gobierno quiere que esté aprobada en este periodo de sesiones –para el verano–, aunque no estará vigente hasta un año después con objeto de que dé tiempo a colgar toda la información de la administración y a tener todo a punto para poder atender las peticiones de datos de los ciudadanos. Es una norma que quiere dar claridad a la gestión pública. Expertos consultados por este periódico: el decano de Derecho de la Universidad Loyola de Andalucía, Juan Antonio Carrillo; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, Nicolás Pérez; y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Manuel José Terol Becerra, opinan que esta norma llega con retraso, pero afirman que «más vale tarde que nunca». En general consideran que es positiva, pero piden a los poderes públicos que hagan pedagogía y la den a conocer a los ciudadanos para que puedan hacer uso de ella.   El decano de Derecho de la Universidad Loyola de Andalucía se muestra bastante optimista y afirma que el texto inicial mejora a la Ley de Transparencia estatal, «que es bastante avanzada, pero que necesita mejorar», porque las empresas públicas se escapan del control de la norma, «algo que no sucede en la andaluza que se aplica a todo el sector público y a todos los que hayan recibido dinero público».   Para Carrillo también es importante que en ambos casos se crea el portal de la transparencia donde se tiene que colgar toda la información institucional, jurídica y la económica, «quizás la más sensible porque está relacionada con el gasto público: subvenciones y contratos de obras, suministros y servicios. Antes se publicaban sólo algunos contratos, pero ahora se tendrá que dar información de las adjudicaciones, a quién, la cuantía y cómo se ha realizado». Pero lo más importante para este profesor es que un ciudadano concreto podrá pedir información, «tanto si le afecta a él directamente o a terceros y eso es la verdadera transparencia». Carrillo señala que antes había una legislación cicatera y restrictiva, que sólo permitía dar información de expedientes ya acabados «no en tramitación y sólo si se acreditaba un interés legítimo. Era la cultura del oscurantismo y con esta ley se avanza».   No obstante, censura que en la estatal si se reclama información y en un plazo de tiempo no la facilitan significa que la han denegado «y eso es negativo». Pero para este profesor algo más importante es quién va a resolver quién da la información. En la ley estatal se ha creado un órgano externo que es la Comisión de Transparencia que colabora con la Agencia de Protección de Datos y eso hace que no sea tan independiente. «Sin embargo, en la andaluza se refuerza la independencia de esta Comisión, ya que en un único órgano se unirá la política de transparencia y la de protección de datos, con lo que habrá un sólo criterio a la hora de decidir», aclara el decano de Derecho de la Universidad Loyola. Carrillo estima que con esta ley se pondrán trabas a la corrupción, «porque para ello es clave la cultura de la luz y taquígrafos, porque no sólo hay que luchar contra la corrupción sino que también es importante la transparencia y la información». Aire fresco. Eso sí, para que la norma sea efectiva, este profesor reclama medidas de pedagogía cívica, «si un ciudadano conoce que tiene un recurso lo utilizará». Asimismo, aunque afirma que «lamentablemente» la ley llegue tarde, también podrá ayudar a acabar con la desafección de los ciudadanos hacia la política porque «es una bocanada de aire fresco». Algo menos optimista se muestra Nicolás Pérez, que al igual que su compañero censura que la ley llega con retraso y un poco a remolque de la ley estatal de diciembre de 2013. Asimismo, aclara que es algo prematuro evaluarla, «porque acaba de comenzar su tramitación y hasta su aprobación definitiva se pueden introducir numerosas modificaciones de calado en el texto. Puede ir para largo», se queja. Asimismo, censura que se está caminando demasiado despacio, «porque el proyecto de esta ley se presentó a la sociedad andaluza hace 8 o 9 meses» y no se ha iniciado su tramitación en el Parlamento hasta el pasado jueves. No obstante, y a pesar de estos reproches, afirma que esta iniciativa legislativa es positiva, «otra cosa es que se articulen mecanismos que faciliten el acceso a la información de cómo se toman decisiones y del funcionamiento administrativo». Pero aclara que si todo se hace bien será positivo, porque servirá para aproximar al ciudadano al funcionamiento de la administración. Asimismo, alaba que se incorporen medidas de participación de los ciudadanos, que puedan disponer de mecanismos para profundizar en la administración, solicitar información y que los poderes públicos estén obligados a dar datos. Esto, en su opinión, podrá servir para acortar distancias entre la ciudadanía y los políticos. Respecto a si contribuirá a frenar la corrupción es algo escéptico, porque afirma que en el Parlamento andaluz ya existen mecanismos de control que no han servido para evitar estas prácticas. El más receloso con esta Ley de Transparencia es el catedrático de Derecho Constitucional de la UPO, «por cómo está organizada la clase política y la ciudadanía» y pide que para que funcione el ciudadano tiene que «cambiar el chip, porque no hay educación para participar en política». Como ejemplo pone los presupuestos del Estado, «que prácticamente nadie los mira». En este sentido, remarca que los ciudadanos no van a pedir cuentas a los políticos, «ya que sólo se acercan a ellos para que les salven, es decir, para que les paguen la luz y el agua» cuando lo necesitan, «pero confiemos en que haya gente que quiera cambiar la situación». Además, estima que el buen desarrollo de la ley dependerá de los controles que pongan los políticos y, bajo su punto de vista, «la voluntad política es de no colaborar», por ello lo que reclama es una «regeneración» de la clase política. Finalmente, también duda de que la ley sirva para parar la corrupción, porque entiende que hay personas que buscarán los recovecos.

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