Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Los países que asistieron a la cumbre del G-20 deben empezar ya a trabajar en los ambiciosos -pero generalistas- objetivos marcados en Washington, que les obligarán a gastar más dinero público y a reforzar sus órganos de regulación y supervisión.
Una vez concluida la cumbre de líderes del G-20, con presencia española y holandesa, la primera de este tipo celebrada nunca entre países desarrollados y emergentes, la pelota está ya en el tejado de los Gobiernos, que tienen de plazo hasta el 31 de marzo para diseñar sus reformas internas.
La declaración final de la cumbre deja claro que cada país tiene la responsabilidad de reforzar sus sistemas de supervisión y de regulación y potenciar la coordinación con el resto. No es una tarea fácil, pues en el corto plazo hay una más urgente, hacer frente a una crisis que ya ha anulado el crecimiento económico de EEUU y que ha provocado la contracción de la Eurozona por primera vez desde que se implantó la moneda única.
La receta que se ha dado en la cumbre se compone de las mismas medidas fiscales y monetarias que ya están aplicando algunos países. Se trata básicamente de bajadas de tipos, como las que se han producido en los cinco continentes, y de planes de estímulos fiscal, con reducciones y devoluciones de impuestos.
Por el momento, el Reino Unido, Japón, Alemania y China ya tienen sobre la mesa sus respectivas medidas de estímulo. En EEUU, el Gobierno de George W. Bush se resiste a sacarlas adelante, pero el presidente electo Barack Obama ha anunciado que es una de sus prioridades, por lo que se da por supuesto que la mayor economía del mundo utilizará el dinero público para reactivar el consumo.
Justo al término de la cumbre, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, dijo que el mundo necesita un estímulo fiscal de 1,2 billones de dólares para combatir la crisis y afirmó que la entidad promoverá una expansión presupuestaria coordinada. Destacó que existe un consenso sobre la necesidad de una inyección pública de dinero y afirmó que debería ascender al 2% del PIB mundial, que este año se estima en 62 billones de dólares.
Con la determinación de poner todo el dinero que sea necesario, existe la confianza de que la reactivación económica alcanzará también a los países emergentes, que en esta crisis se han visto contagiados por los males de los países más desarrollados.
Todos los analistas coinciden en que el gran logro de esta cumbre ha sido reconocer el peso de las naciones emergentes que, con China, India y Rusia a la cabeza, tienen en sus manos el poder del crecimiento mundial.
La crisis ha servido también para que los países desarrollados entonen el mea culpa y reconozcan los errores cometidos en esta última década de excesos económicos. "Después de unos años de crecimiento económico sostenido, un aumento de los flujos de capital y una cierta estabilidad, los mercados financieros se lanzaron a la caza de altas rentabilidades sin valorar los riesgos, y sin que hubiera una adecuada supervisión", apunta la declaración final.
A ello se unieron otros factores que dieron lugar a un cóctel explosivo, como fue la deficiente valoración de los activos de los bancos, prácticas de riesgo elevadas, y el surgimiento de productos muy sofisticados y poco regulados. Además, la falta de respuesta de sus reguladores, que se quedaron dormidos mientras la burbuja financiera crecía sin mesura. Por ello, la principal medida es reformar sus sistemas financieros. Especial atención a los balances de los bancos, para que los activos de riesgo no tengan un peso excesivo, y a las remuneraciones de sus directivos, a los que se quiere poner límite.
