En estos días se cumplen tres años de la entrada en vigor de le Ley integral contra la Violencia de Género. Fue una de las primeras leyes aprobadas en la anterior legislatura y además fue apoyada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Sabíamos que era una Ley necesaria, y así lo reclamaron muchas asociaciones de mujeres y otras organizaciones, pero también que las leyes no cambian las realidades sociales repentinamente.
¿Qué ha ocurrido en este tiempo? ¿Cómo ha influido la Ley en la lucha contra esta forma criminal de violencia contra las mujeres? Lo primero que hay que decir es que sigue habiendo violencia. Sólo en 2007, 71 mujeres han sido víctimas mortales y a ellas quiero dedicar mi primer pensamiento al reflexionar sobre este problema gravísimo. Sin embargo, en conjunto, si comparamos los años anteriores a la existencia de la Ley 2001 a 2004 con los años posteriores, es decir 2004 a 2008, vemos que se ha producido un descenso de 10 puntos en los homicidios cometidos.
La violencia de género supone la mayor vulneración de los derechos humanos que puede cometerse contra una mujer y simboliza el mayor déficit democrático de nuestra actual sociedad. Por ello, el que exista una Ley como ésta, que además ha sido ratificada por nuestro Tribunal Constitucional en algunos aspectos que habían sido recurridos, supone en sí mismo un gran valor añadido para luchar con efectividad contra esta lacra. En estos días la ministra de Igualdad ha presentado en sede parlamentaria el informe de lo que se ha hecho durante estos tres años. No voy a referirme sino muy someramente al mismo, por ser enormemente extenso, para referir algunos datos que llaman la atención.
En primer lugar, para reconocer que éste es un tema prioritario en la Agenda del Gobierno. En 63 Consejos de Ministros se han tomado medidas por diversos ministerios en cumplimiento de la Ley. En más de 20 reuniones se han coordinado estas medidas con todas las CCAA. Se han tomado 102 medidas concretas que desarrollan objetivos en el ámbito educativo, de medios de comunicación, con empresas, de formación especializada en universidades, centros sanitarios, y judiciales.
El número de denuncias de mujeres maltratadas se ha duplicado de 2002 a 2007, este dato es muy importante pues significa que la ley funciona, y cada vez hay más mujeres que se deciden a denunciar y salir de este infierno. El número de guardias civiles y policías dedicados a violencia de género ha pasado de 505 efectivos en 2004 a 1.848 en 2008.
La Ley preveía la creación de 17 juzgados específicos de violencia. Pues bien, hoy existen en España 92 juzgados exclusivos y más de 300 mixtos. Por cierto, que del total de sentencias producidas en estos juzgados el 72% son condenatorias.
Como esta Ley es integral se han tomado medidas en campos muy diversos. Porque se trata de prevenir, de educar en la igualdad, de atender los derechos de estas mujeres, tanto los sociales como los económicos o de seguridad social. Cerca de 12.000 mujeres reciben una renta de inserción.
Y 128.759 mujeres tienen alguna medida de protección. Durante estos tres años entre Ayuntamientos, CCAA y Gobierno de España han sumado hasta 800 millones de euros en la lucha contra la violencia de género, y ello fundamentalmente en Sanidad, Consumo, Educación, Justicia e Interior. Y además en la próxima reunión de los presidentes de todas las CCAA y el presidente del Gobierno éste será uno de los temas de su orden del día.
Por todo ello, la valoración sobre la necesidad y el desarrollo de esta Ley es muy positiva, aunque sabemos que hay que recorrer aún un gran trecho. La mayoría de las herramientas que la Ley preveía ya están en funcionamiento. Por supuesto habrá que aprender de los fallos y mejorar todo lo ya iniciado. Pero también es cierto que las medidas más importantes son aquéllas cuyos resultados se verán a largo plazo, como todos los temas educativos y de ciudadanía. De ahí que no pueda entender el empecinamiento del PP en contra de una asignatura que lejos de cualquier adoctrinamiento, persigue la educación en los valores democráticos, constitucionales y de convivencia.
La erradicación de la violencia de género es un imperativo de toda la sociedad. Pero para el Gobierno supone un compromiso de responsabilidad política, y por ello es necesario poner en funcionamiento todos los recursos posibles para su prevención y su eliminación. Juntas y en la dirección adecuada que entre todos estamos marcando conseguiremos ver el fin de esta situación de insoportable desigualdad.
Diputada por Sevilla y presidenta de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados.
