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Tres colegios de la provincia se someterán a obras de mejora al recibir medio millón de euros

La Junta anuncia la licitación de las obras en los centros públicos Profesor Tierno Galván de Utrera, La Inmaculada de Pruna y Juan XXIII de Marchena

el 05 ago 2014 / 09:00 h.

Fachada del colegio público Tierno Galván, que se desprendió en abril de 2013. Foto: Salvador Criado Fachada del colegio público Tierno Galván, que se desprendió en abril de 2013. Foto: Salvador Criado Después de que el retraso en las obras que deben realizarse en el colegio público Tierno Galván de Utrera provocaran las quejas de su comunidad educativa e incluso una concentración para protestar contra la administración regional, ahora, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha recogido el anuncio correspondiente a la licitación pública de este proyecto. Pero no es el único centro, ya que dentro del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), también se han licitado las actuaciones de los centros de La Inmaculada de Pruna y el colegio Juan XXIII de Marchena. Tres proyectos que suponen una inversión de cerca de 635.000 euros. La inversión de la Consejería de Educación, a través del ente público andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), no solo beneficiará a cerca de un millar de alumnos y alumnas, sino que creará 36 puestos de empleo. En el caso del colegio utrerano, a partir de ahora, las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 26 de agosto para presentar sus ofertas y hacerse con la adjudicación de dicha actuación. El presupuesto base de licitación del Tierno Galván es de 204.849,54 euros, contando esta obra con financiación de los Fondos Europeos (Feder) y Fondo Social Europeo (FSE). Los trabajos que deben acometerse en este centro educativo utrerano, programados por el ISE, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto, enmarcado en el Plan OLA, tiene como objetivo poner fin a la situación que, desde finales de abril de 2013, sufre la comunidad educativa de este colegio situado en la barriada Las Veredillas. Parte del revestimiento de su fachada se vino abajo cuando el Ayuntamiento estaba acometiendo una obra de mantenimiento del inmueble. Fue entonces cuando se percataron de que el ladrillo visto que recubre todo el edificio no tiene ningún soporte, siendo un error de construcción de las propias instalaciones, hace ya dos décadas. A raíz del desprendimiento en una de las fachadas, desde la delegación provincial de Educación pidieron al Consistorio que éste actuara para garantizar la seguridad y que pudieran seguir impartiéndose las clases, en caso de que se produjeran nuevos problemas. Desde entonces, los afectados han tenido que convivir con parte del acceso al centro educativo cerrado. Además, ante la pasividad de la Junta de Andalucía y la demora en la redacción del proyecto y en la ejecución de la obra de rehabilitación, los padres protagonizaron a comienzos de julio una concentración a las puertas de dichas instalaciones educativas, donde incluso contaron con el apoyo del alcalde de la ciudad, junto a otros ediles de la corporación municipal. Allí volvieron a reclamar la realización de dichos trabajos, que estaban calificados «de urgencia» por parte de la propia administración regional. Y es que los afectados llevan esperando el desarrollo de esas obras desde hace más de un año, por lo que se mostraron hartos de escuchar promesas incumplidas por parte de la Junta, a la que reclamaron que cumpla con su obligación. El último anuncio del gobierno andaluz hablaba de iniciar los trabajos justo cuando comenzaran las vacaciones escolares, pero esto no ha sido posible ya que ni siquiera estaba redactado el proyecto. Además, al haber salido a concurso público ahora, las obras se realizarán de forma paralela al desarrollo del curso académico. El ISE también se hará cargo de las obras que se realicen en los centros de Pruna y Marchena. En el caso del colegio público La Inmaculada de Pruna, el presupuesto es cercano a los 270.000 euros. Las obras que se llevarán a cabo será la mejora del cerramiento de una parte de la parcela mediante la demolición y posterior reconstrucción del mismo. Asimismo, se adecuará la cubierta del edificio principal con la limpieza del faldón y la renovación de la impermeabilización. Ducha intervención se deberá ejecutar en un plazo de cuatro meses. Por último, en el colegio de Educación Infantil y Primaria Juan XXIII de Marchena se reparará la pista polideportiva y se arreglará el pavimento de la zona de entrada al edificio principal. Dicha intervención, que deberá ejecutarse en cuatro meses, cuenta con un presupuesto próximo a los 160.000 euros. EDUCACIÓN INFANTIL. Paralelamente a la inversión que la Junta hará en estos tres centros, ayer se conocía que la Consejería de Educación firmará convenios con diez ayuntamientos sevillanos para financiar 1.009 nuevas plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil que permitirán aumentar la oferta de puestos escolares para menores de tres años en el próximo curso. Los municipios que contarán con estas nuevas plazas son Alcalá de Guadaíra, Aznalcóllar, Camas, Castilleja del Campo, Dos Hermanas, El Castillo de las Guardas, Los Molares, Mairena del Aljarafe, Olivares y San Juan de Aznalfarache. Para el delegado territorial de Educación, Francisco Díaz Morillo, estas nuevas unidades son «la batalla que, a pesar de los duros recortes del gobierno central, el gobierno andaluz sigue manteniendo por salvaguardar desde lo público un servicio esencial para la conciliación de la vida laboral y familiar». Con estas nuevas plazas se avanza en los objetivos europeos de atención a la población infantil, alcanzando un tercio de los niños de esta edad. Con el anuncio de la creación de más de un millar de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil, la única etapa que es de carácter voluntario, la Consejería de Educación quiso recalcar ayer que durante el próximo curso se mantendrá el actual precio público de 278,88 euros mensuales que es común a todas las escuelas infantiles públicas y con plazas conveniadas. Sobre esta cantidad base, la Junta establece bonificaciones que, en función de los niveles de renta familiar, pueden llegar a la gratuidad total. En este curso, el 95 por ciento de las plazas públicas están bonificadas y más del 40 por ciento son gratuitas. Con la ampliación de plazas, también se cumple uno de los objetivos de la Unión Europea: favorecer y respaldar la conciliación laboral y familiar.

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