Aunque era uno de los grandes proyectos del mandato anterior y pese a que con él se cumple la Ley autonómica 7/2006, la normativa antibotellona, el Seviocio o botellódromo con actividades culturales y de ocio sigue sin fecha. Eso sí, el Ayuntamiento ya cuenta con tres empresarios que quieren poner en marcha el proyecto, un avance importante después de que el concurso para su explotación quedase desierto. Por eso ayer se anunció que podría ser una realidad "en breve".
El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y la delegada de Medio Ambiente, Encarnación Martínez, presidieron una reunión de trabajo para ultimar el proyecto en la antigua Bancada de la Expo. Después, Martínez explicó que está en marcha un procedimiento negociado sin publicidad y que finalmente no ha sido necesario "bajar el listón" de los pliegos de condiciones.
Sin embargo, en mayo informó de que los técnicos trabajaban para introducir cambios en los pliegos económico-administrativos y así reducir los espacios de gestión y abaratar el proyecto.
Sobre el papel, el botellódromo contará con una pista polideportiva de 800 metros cuadrados para fútbol-sala, baloncesto o volley, deportes de aventura junto al río y wifi, así como ocho barras de bar para la venta de bebidas y comidas a precios populares. Además, habrá una zona de conciertos con, al menos, 750 metros cuadrados para 1.500 personas y un espacio similar para eventos.
El Ayuntamiento promete más de 700 plazas de aparcamientos para coches y casi 500 para motos, una parada de taxis y otra de Tussam que una Seviocio con el Prado.
Así, la empresa que se haga con el negocio será "competente de todo lo que queda dentro del recinto, seguridad privada, mantenimiento, limpieza, etcétera", dijo ayer Martínez, que recordó que el Ayuntamiento "sólo pondrá servicios públicos como una línea nocturna de Tussam, puntos de alquiler de Sevici y el control por parte de la Policía Local".
La gestión y la construcción de las instalaciones (la antigua Bancada de la Expo ya está libre de las pérgolas y alquitranada) dependían de la empresa adjudicataria, lo que supuso un problema para los empresarios cuando se convocó el concurso. De hecho, criticaron que la sociedad que se haga cargo del proyecto deba realizar una inversión de más de un millón de euros, poner y las copas a precios asequibles, abonar un canon de 4.091 euros al año, así como el 5% de los beneficios que obtenga al año.
A estas cifras hay que añadir la necesidad de contratar antes del inicio de la actividad una póliza de seguro de responsabilidad civil para los posibles daños que se produzcan por un importe de 1,2 millones de euros.
Un desembolso que los empresarios consideraron excesivo en plena crisis para una iniciativa pionera sin previsiones claras de beneficios.
Además, también provocó reticencias que el contrato exima al Ayuntamiento de toda responsabilidad, así como por los posibles desperfectos, averías o hurtos en el recinto.
