Los ex ediles del GIL de Marbella (Málaga) Tomás Reñones, Alberto García y José Luis Troyano ingresaron el miércoles de forma voluntaria en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre para cumplir una pena por delito urbanístico por una de las causas incluida en el acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
El ingreso en prisión se produjo tras recibir la sentencia firme que los condena por la concesión ilegal de licencias para construir 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Albagamar II S.L. entre 1998 y 1999. Los tres ex concejales pertenecen a la corporación 1999-2003 del consistorio marbellí.
Fuentes del caso precisaron a Europa Press que, por el momento, la única condena incluida en el pacto -que supone cumplir pena de prisión- que tienen los concejales de esta corporación marbellí sería la referente a dichas licencias, puesto que "las anteriores eran penas de multa o se permitía la sustitución de condena". Por esta causa, los tres ex ediles ahora en prisión fueron condenados a nueve meses de cárcel.
Por este caso también fueron condenados de conformidad pero a un año de cárcel el ex alcalde Julián Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá, que se encuentran en tercer grado penitenciario; Manuel Calle, en libertad condicional; Dolores Zurdo y Mario Jiménez.
Junto a estos, se conformaron con una pena de nueve meses Francisco Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa, que habría ingresado en prisión hace unos días por no hacer frente a la multa impuesta en otra causa urbanística juzgada en Penal 6 de Málaga, en la que se dio la alternativa de cambiar la pena de prisión.
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga acogió a finales de septiembre el juicio contra Muñoz y cinco ex ediles, mientras que la vista oral contra otros cuatro se celebró el pasado mes de octubre.
Según el escrito del fiscal, la comisión de gobierno, presidida por Muñoz como alcalde accidental e integrada por González, Jiménez, Calle, Alcalá y Zurdo, aprobó el 6 de noviembre de 1998 la concesión de la licencia al proyecto de la primera fase de una promoción de 100 viviendas en Nueva Andalucía. El 29 de enero de 1999, los mismos aprobaron el proyecto de ejecución. Según relata la acusación pública, en comisión de 16 de julio de 1999, integrada por Muñoz, González, Alcalá, Troyano, Fernández Garrosa, Reñones, García y Lendínez, acordó dar licencia al proyecto básico y al de ejecución de la segunda fase, que autorizaba 90 viviendas. El 15 de octubre de 1999, éstos otorgaron la licencia al proyecto de ejecución de una tercera fase con 60 viviendas.
