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Tres sillas vacías para la inmigración

Educación baremará a los alumnos para evitar que la concertada discrimine a los necesitados

el 09 oct 2010 / 18:56 h.

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En una clase con 25 sillas, tres deben estar siempre reservadas para alumnos discapacitados, superdotados, inmigrantes o de un entorno socioeconómico desfavorecido. Este cálculo no es nuevo. Tiene rango de ley desde hace tres años, desde que el Gobierno andaluz desarrolló la Ley de Educación Andaluza (LEA) e incluyó la "distribución equilibrada" de estudiantes con necesidades especiales. ¿Ocurre así desde entonces? No. En la mayoría de los colegios concertados, esas tres sillas siguen vacías o han sido ocupadas por niños sin mayores problemas. El 92% de alumnos extranjeros de Andalucía (94.131) estudia en centros públicos y el 8% en la concertada (7.707). Pero, además, el reparto de inmigrantes está descompensado entre escuelas públicas del mismo barrio, algunas con un 90% de niños foráneos y otras con apenas dos.


En estos tres años ha revoloteado en el aire el compromiso de la Consejería de Educación de buscar una fórmula legal más contundente que hiciera cumplir la ley. La semana pasada se presentó el nuevo decreto que regulará el acceso a los colegios -aún en borrador- que incluye, por primera vez, un artículo que hace mención explícita a la "distribución equilibrada". Pero su redacción apenas difiere del actual: "se reservará hasta el final del periodo de matrícula un máximo de tres plazas por unidad en los centros públicos y privados concertados".


¿Dónde está la diferencia? El consejero Francisco Álvarez de la Chica sentenció que "lo que hasta ahora había sido una posibilidad, a partir del curso que viene será una obligación". Pero la propia administración admite que del texto legal no se desprende esa obligatoriedad. Hay dos fórmulas más categóricas que la Junta ha usado antes para enderezar las desigualdades sociales: una se aplicó en la escuela concertada, en los colegios de educación diferenciada que sólo admiten a niños o a niñas. Primero Educación reguló "la no discriminación por sexo", pero los colegios exclusivos de niñas se escudaron en que ninguna familia les había pedido plaza para su hija. En respuesta, se dictó una orden que obligaba a los concertados a ser "proactivos" a la hora de escolarizar a niños de ambos sexos. No bastaba con que la ley les obligara a admitir a cualquier alumno, tenían que propiciar la escuela mixta. Aquello sí era una obligación, una reafirmación de la política educativa de la Junta y, claro, derivó en los tribunales, donde aún está pendiente de resolución.


La segunda fórmula se aplica en los procesos de oposición donde la Junta reserva puestos de trabajo para discapacitados y si no se cubren, las plazas quedan desiertas. ¿Por qué no dejar vacías las tres sillas de reserva en cada aula para inmigrantes y discapacitados? Eso obligaría a los concertados a buscar los medios para cubrirlas. De lo contrario, la explicación de por qué sólo uno de cada 10 inmigrantes estudia en la concertada es fácil: ninguno quiere entrar.


Educación no valoró esta posibilidad porque "es muy complicada jurídicamente". La ley dice que la reserva de plazas debe mantenerse sólo hasta el final del periodo de matrícula. "Si obligásemos a mantenerlas después, habiendo lista de espera para entrar, terminaríamos en los tribunales", explican.


En efecto, dar con la tecla era complejo. Educación tenía que luchar por reequilibrar la red pública y la concertada, pero también combate la consolidación de guetos en las ciudades, para lo cual, según admiten, no basta con aplicar una norma de escolarización. Al final, son las familias quienes eligen el colegio de sus hijos y optan por el más cercano a su casa. En el caso de los inmigrantes, carecen de la opción concertada, porque en los barrios más desfavorecidos no existe.


No se puede trasladar a los inmigrantes en autobuses hasta otros barrios. Pero se pueden articular medidas que condicionan a los concertados que no tienen ni extranjeros ni discapacitados. Educación ha incluido un mecanismo cautelar en su nuevo decreto "porque se constató que algunos centros recibían solicitudes de alumnos con necesidades especiales y las metían en un cajón". Hasta ahora eran los colegios quienes baremaban las solicitudes de las familias, ellos hacían el recuento de puntos de cada niño, quién entraba y quién no. Camuflado en un "sistema que simplifica el papeleo de las familias", Educación permitirá el curso que viene que todas las matrículas se rellenen a través del sistema informático de la consejería (Seneca). Los padres no tendrán que presentar su solicitud en el colegio donde buscan plaza. El sistema Seneca será quien bareme a sus hijos. Lograrán la plaza sin que el colegio haya mediado, y si la matrícula la formaliza el centro concertado y no coincide con Seneca, se habilitarán comisiones de garantías -técnicos y padres de alumnos- que vigilarán el proceso y harán saltar la alarma.


El nuevo decreto está revestido de un "armazón legal" que permitirá a la Junta corregir la selección de alumnos que hacen las escuelas y así velar por un mejor reparto de niños con dificultades. El truco ha sido incluir en la norma el artículo 4 de la LEA, que reconoce el derecho de la administración a planificar el reparto de alumnos por encima incluso de los colegios. "Ahora estamos en condiciones jurídicas y técnicas de evitar las discriminaciones", explican.

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