El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado auto de apertura de juicio oral por un delito de prevaricación contra el juez de Sevilla Francisco Serrano por modificar el turno de custodia de un niño de 11 años, ampliando en día y medio su estancia con el padre divorciado para garantizar su salida como paje en una cofradía de la Madrugá.
El magistrado Miguel Pasquau requiere además a Serrano una fianza de 7.200 euros "para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias y costas a que en su día pudiera condenársele", advirtiendo de que, en el caso de que no preste la fianza fijada, "se le embargarán los bienes suficientes para cubrir esa cuantía", según un auto dictado ayer.
El instructor recuerda que Serrano no era el juez competente para cambiar el régimen de visitas, ya que el divorcio estaba bajo la tutela de un juzgado de Violencia contra la Mujer, por lo que sólo estaba justificado que interviniese si hubiese habido una situación de "peligro o perjuicio inminente" para el menor. Según indica en el auto, hubiera sido perfectamente posible presentar el caso ante el juzgado correspondiente, pero el juez optó por adoptar él la medida.
Añade el TSJA que el magistrado no citó a la madre para comprobar si era cierto que, como decía el padre, ésta no dejaría salir al menor en la cofradía, algo que el Alto Tribunal considera que hubiera sido "imprescindible". "Tampoco entiende esta parte que pueda justificarse una medida como la adoptada sin oír, como era posible, a la madre del menor, que era el medio a mi juicio imprescindible, y en absoluto desproporcionado, de conocer si era cierto lo que el menor dubitativamente refirió al querellado", dice el juez.
El hecho de que la madre estuviera obligada a permitir al niño salir en la procesión, porque así estaba recogido en el convenio regulador del divorcio de los padres, refuerza aún más la opinión del TSJA de que Serrano debería haber enviado el caso al juzgado de Violencia para que hiciese cumplir las medidas que él mismo ordenó previamente.
El abogado del juez Serrano defendió ayer la inocencia del magistrado en declaraciones a Europa Press, y lamentó que la apertura de este juicio contra el juez vaya a suponer su suspensión profesional, lo que, "al margen de su estigmatización pública y graves consecuencias personales y profesionales, comportará un flagrante daño al Juzgado de Familia del que es titular, que se encuentra al día en su tramitación procesal".
El letrado Miguel García-Diéguez añadió que el procedimiento se inició "por ocho delitos que podrían suponer varios años de prisión", pero sólo llegará a juicio uno, por prevaricación -que supone el dictado de una resolución injusta a sabiendas de que lo es-, con lo que el abogado consideró que Serrano podrá defender su inocencia porque, según mantiene, en la instrucción "se han corroborado todos los argumentos de la defensa".
La Fiscalía ha pedido diez años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación para el juez, mientras que la acusación particular que ejerce la madre solicita 20 años de inhabilitación y el pago de 14.400 euros.
