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El TSJA pide acotar el acceso a los juzgados para evitar «linchamientos públicos»

En su memoria lamenta el «aburrimiento y desinterés» que genera la Ciudad de la Justicia y reclama la creación de 21 plazas judiciales más para la provincia de Sevilla.

el 10 abr 2014 / 18:37 h.

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Desde por la mañana, un numeroso grupo de sindicalistas se concentraron en El Prado para apoyar a los detenidos. / EFE Un numeroso grupo de sindicalistas se concentraron en El Prado para apoyar a los detenidos. / EFE «Una zona acotada o recinto de seguridad» para los juzgados del Prado que sea «menos abierta» para evitar «acosos o linchamientos públicos», como lo ocurrió a la jueza Mercedes Alaya. Esa es la propuesta que hace el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria de 2013. El Alto Tribunal andaluz también hace referencia a las actuales infraestructuras judiciales y lamenta que el «estancado proyecto de la Ciudad de la Justicia» haya provocado «desinterés, descreimiento y cierta dosis de aburrimiento en el colectivo judicial sevillano» tras «quince años debatiendo sobre su emplazamiento». Asimismo, reclama la creación de 21 nuevas plazas judiciales para la provincia de Sevilla, la mayoría para juzgados de Primera Instancia. Todos los años en su memoria anual el TSJA hace un repaso de las «deficiencias» que presentan las antiguas instalaciones judiciales de la ciudad. Sin embargo, llama la atención que este año por primera vez proponga la necesidad de «replantearse la forma de acceso y vigilancia en el entorno del edificio judicial de El Prado para que prevalezca el Estado de Derecho sobre los acosos o linchamientos públicos». Para el Alto Tribunal «se impone remodelar el acceso al edificio y crear una zona acotada o recinto de seguridad menos abierto para evitar lamentables e inadmisibles situaciones públicas de acoso, espectáculo intolerable que debe llevar inexorablemente a replanteares la forma de acceso». Situaciones como las que describe el TSJA se dan de forma habitual en los juzgados, como por ejemplo el caso de Marta del Castillo. Tanto en las numerosas ocasiones en las que acudió a declarar el asesino confeso, Miguel Carcaño, como durante el juicio, se vivieron escenas en los que no sólo los imputados fueron increpados, sino sus propios abogados que casi fueron agredidos. El último incidente de este tipo, y tras el que se plantea esta necesidad, fue el que sufrió la jueza Mercedes Alaya cuando sindicalistas de CCOO y UGT la increparon, lo que hizo que desde entonces la magistrada cuenta con protección. Como en otras ocasiones, el TSJA vuelve a hacer referencia a la ansiada Ciudad de la Justicia, aunque en esta ocasión lo hace para lamentar que «quince años debatiendo sobre su emplazamiento ha provocado desinterés, descreimiento y cierta dosis de aburrimiento en el colectivo judicial sevillano». Por este motivo, y «ante dicha espera, larga en el tiempo sin duda, sería imprescindible acometer actuaciones más ambiciosos, igualmente perentorias, máxime cuando los edificios de El Prado tienen mucho espacio infrautilizado, que debería hacernos reflexionar sobre su mejor utilización». En este sentido, incide en que las actuales instalaciones «continúan deteriorándose, al tiempo que las condiciones de algunas dependencias no son las más dignas». Así, destaca que las «carencias y deficiencias crónicas» de la «vetusta Audiencia Provincial» que «deberían quedar solventadas en parte con las obras que la Consejería de Justicia ha anunciado, que entrañan una mejora, pero no se acercan a la reforma y remodelación integral del edificio». En cuanto a las instalaciones de los juzgados de Instrucción destaca que sufren «acusadas carencias en materia de seguridad, climatización, accesibilidad, archivo y dependencias», destacando la necesidad de acometer obras en las dependencias de los juzgados de Guardia. Asimismo, reclama «una sala de vista de gran capacidad dotada de mejores medios y adecuada a las tecnologías de la información, habilitar una sala para testigos y víctimas y servicios para el público». Por último, el TSJA reclama la creación de 21 plazas judiciales: 2 o 3 magistrados de lo Penal para la Audiencia, 7 u 8 jueces para Primera Instancia, uno de Instrucción, 3 para Mercantil, dos para lo Social, uno para Alcalá y otro en Sanlúcar la Mayor, y 2 para Dos Hermanas.  

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