"El dinero manda". Con esta contundente frase justifica la portavoz de la plataforma Túmbala , Ana Ávila, que la Gerencia de Urbanismo no haya encontrado ninguna irregularidad en la licencia de obra de la torre Pelli. A su juicio, está "cuajada" de anomalías, pero el cristal de "la lupa" utilizada por la Gerencia de Urbanismo no estaba bien "calibrada" o es que "las licencias de obra se conceden a la carta, con una manga ancha extraordinaria para bancos y con extrema severidad para particulares".
El colectivo en contra del rascacielos que levanta Cajasol en la Cartuja pidió ayer "rigor" al alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), quien antes de las elecciones cuestionó la legalidad del proyecto y prometió su examen exhaustivo. "¿Es posible que su promesa se cumpla con mayor rigor y con el respeto debido a todos los ciudadanos?", preguntaron.
Tras mostrar su "estupor" por cómo pretende "despachar" el asunto el Ayuntamiento, Túmbala enumeró más de una decena de irregularidades y anunció que estudian pedir al alcalde que plantee un procedimiento de lesividad. Es decir, que podrían solicitarle que declare que la concesión de la licencia supone una infracción del derecho basándose en la ley de procedimiento administrativo, lo que agilizaría la revocación de la licencia y la paralización del proyecto, según explicó el abogado del colectivo.
¿Y qué irregularidades detectan? Entre otras, que la primera licencia se concedió contra el informe negativo de la subjefe de Licencias Urbanísticas de la Gerencia, que cuando se concedió el proyecto de reparcelación no estaba inscrito; que el proyecto de urbanización tampoco contaba con la aprobación definitiva y su publicación en el BOP, que el aval fue insuficiente y que se arrancaron 646 árboles de la Expo'92 sin permiso.
Además, aseguran que antes de la aprobación de la licencia no se solicitó autorización a la Junta para la construcción del aparcamiento de 3.100 plazas (el mayor de la comunidad, según Túmbala) ni a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por superar la torre los 100 metros de altura. Algo de lo que Urbanismo ha pedido información. Al tiempo, Túmbala defiende que la torre incumple el PGOU, porque la altura (178 metros) multiplica por 9 la máxima establecida, la edificabilidad sobre rasante supera un 32% la concedida a la zona, las superficies de zona verde y equipamiento son inferiores y se vulnera la protección del paisaje, del cual son garantes "el Plan General y el alcalde", subrayan. En los actos del Día sin Coche, Túmbala denunció que a la salida del parking se producirán atascos de 18 kilómetros, según los cálculos de expertos.
El PSOE, por su parte, aplaudió la "rectificación" de Zoido, al que achacó "improvisación" al cuestionar el proyecto cuando éste se tramitó "correctamente".
