El Juzgado de lo Social número nueve albergó hoy una vista oral en la que la directiva de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) reclamó que la jornada del 18 de noviembre de 2008, marcada por la baja masiva de unos 400 empleados a cuenta del suicidio del conductor José Luis Alonso Falcón, sea declarada como "huelga encubierta" o como "alteración colectiva del régimen de trabajo", desistiendo no obstante de exigir una indemnización a la Agrupación Sindical de Conductores (ASC) por los daños y perjuicios de tal caso.
El abogado de ASC, Ernesto Povedano, informó que el juicio se ha celebrado según lo previsto en la citada instancia judicial, por lo que ambas partes están ahora a la espera de que el juez dicte sentencia. Si bien la directiva de Tussam reclamaba inicialmente daños y perjuicios a ASC por esta baja masiva de unos 400 empleados, tal extremo ha sido finalmente retirado, pero la empresa ha reclamado que la jornada sea reconocida como "huelga encubierta" o, en su defecto, como "alteración colectiva del régimen de trabajo".
A través de este reconocimiento, según Ernesto Povedano, Tussam podría afianzar la medida administrativa adoptada a la hora de detraer de la nómina de estos 400 empleados el salario correspondiente a tal jornada, protegiéndose así de las "reclamaciones individuales" impulsadas por cada uno de los afectados para obtener los emolumentos relativos a esa jornada bajo el argumento de que sus bajas estaban motivadas por el shock derivado del suicidio de José Luis Alonso Falcón.
JORNADA "ILEGAL" DE HUELGA
El conflicto deriva de la "jornada ilegal de huelga encubierta" protagonizada por unos 400 empleados de Tussam el pasado18 de noviembre de 2008, cuando estos empleados no asistieron a sus puestos de trabajo amparándose en bajas médicas solicitadas por el supuesto 'shock' ocasionado en la plantilla por el suicidio del conductor José Luis Alonso Falcón, que a su vez era uno de los ocho conductores de Tussam expedientados y acusados ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 13 a cuenta del sabotaje y los actos de vandalismo perpetrados sobre la flota de autobuses precisamente en la huelga de la primavera de 2007.
Los cuatro trabajadores sancionados con seis meses de suspensión de empleo y sueldo fueron considerados por la directiva de Tussam como autores de una "falta muy grave", mientras el resto de protagonistas de esta baja masiva, cabe recordarlo, ha sufrido la retirada de la percepción salarial correspondiente a aquella jornada en lo que a su salario se refiere, lo que constituye la segunda medida disciplinaria consumada por la directiva de Tussam ante este caso.
