La dirección de la UGT-A está gravemente herida, pero la infección podría extenderse a todo el sindicalismo y terminar afectando al Gobierno de PSOE e IU, aliados naturales de esta formación. La aparatosa dimisión del secretario general de la UGT-A, Francisco Fernández, por el escándalo de las facturas falsas ha confirmado el cisma temporal de esa alianza. La Junta reclama abiertamente al sindicato hermano una deuda de 1,8 millones de euros de ayudas gastadas de forma irregular, facturadas a cursos de formación para los parados, pero invertidas en fines propios de la organización (obras en la sede, comidas en la Feria, regalos de maletines falsificados en congresos...). En paralelo, los socios de Gobierno han empezado a articular un doble discurso que busca el equilibrio entre dos realidades de difícil encaje: por un lado exigen transparencia y claridad en las cuentas a la UGT-A, y aseguran que la dimisión de Fernández le honra, dijo ayer el vicepresidente Diego Valderas.
Por otro, socialistas y dirigentes de IU se apresuran a confrontar esta crítica con una reivindicación abierta del papel de los sindicatos en un momento de especial vulnerabilidad para la clase trabajadora. Ambas formaciones quieren evitar que el supuesto fraude por el desvío de fondos desprestigie a toda la función sindical. Aseguran que el PP patrocina desde la distancia esta estrategia, porque debilitando a la UGT debilitan el pacto de lucha que los sindicatos y la Junta han firmado contra la reforma laboral, contra los recortes sociales impuestos por el Gobierno de Rajoy y las políticas de austeridad que conllevan implícitamente la privatización de servicios públicos. Con el primer discurso la Junta antepone la lucha contra la corrupción, un compromiso con el que la presidenta Susana Díaz ha hecho bandera. Con el segundo discurso, la Junta protege su fuero como representante de los más débiles, resistiéndose a que el PP haga metonimia del caso de las facturas falsas y salpique a todos los sindicatos, igual que con el caso ERE proyecta la sospecha hacia todo el Gobierno andaluz.
La oposición aprovechará la falta de contundencia por parte del Ejecutivo de Díaz para cuestionar su compromiso por erradicar la corrupción. El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, exigió ayer a la presidenta que dé muestras de que quiere ser implacable contra la corrupción y proporcione a su grupo parlamentario todos los expedientes de ayudas y subvenciones que la administración ha otorgado a UGT-A en los últimos cinco años.
De momento, la dimisión este viernes del líder sindical ha permitido respirar a muchos. Fernández no ha esperado al congreso extraordinario del 9 de enero y ha precipitado su salida, empujado por la dirección federal y por la Junta, que decidió el jueves hacer pública la revisión de 17 expedientes entre el sindicato y la administración por valor de 7,5 millones de euros. Díaz anunció en el Parlamento que su Gobierno se personará como acusación particular si se confirma que UGT-A ha cometido menoscabo de fondos con el dinero de las ayudas para cursos de formación. En la causa del supuesto desvío de fondos ya está metida la Fiscalía, que investiga varios expedientes desde el verano, el sindicato ultraconservador Manos Limpias, que presentó una denuncia contra Fernández y su antecesor, Manuel Pastrana, y el PP, como acusación particular. La trayectoria procesal hasta el momento guarda un poderoso paralelismo con el caso ERE, sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo.
La federación andaluza de UGT tiene 33 años, cuenta con 200.000 afiliados y casi 20.000 delegados en 19.000 empresas. En tres décadas de las que 15 años estuvieron dirigidos por Pastrana ha jugado un papel esencial en la concertación social, el desarrollo del mundo rural, la lucha por el empleo digno, las movilizaciones y huelgas generales contra gobiernos del PSOE y del PP, los servicios jurídicos, la igualdad de género... La trayectoria de la UGT-A, que junto a CCOO supera el 85% de afiliación sindical en la región, es paralela a la de la autonomía andaluza. De hecho, la organización jugó un papel esencial en el diseño de la reforma del Estatuto.
Este escándalo ha arrinconado y puesto a la defensiva a un sindicato que debería estar encarando la crisis que padecen 1,6 millones de parados andaluces. En cambio, ahora lucha por escapar de su propia crisis. Las noticias sobre el desvío de fondos, el retroceso de derechos sociales y la desafección por las instituciones y los sindicatos de clase han convertido a la UGT-A en una organización antipática, más centrada en denunciar una conspiración de la derecha mediática que en dar explicaciones claras.
De la lluvia de millones al fraude de los ERE El pasado mayo, tras ser elegido secretario general de UGT-A con el 81,7% de votos, Francisco Fernández admitía en una entrevista con este periódico que era necesario cambiar el sistema de financiación de los sindicatos, muy dependiente de las subvenciones públicas. Durante las vacas gordas, la cascada de millones que llegaba de las administraciones en forma de ayudas para planes de formación casi obligó al sindicato a hacer más grande su propia estructura. El germen del fraude se ubica en aquel sinsentido. UGT venía de ejecutar un ERE para 159 trabajadores, en el que aplicó la reforma laboral contra la que había apoyado una huelga general. Los despidos traumatizaron internamente a la organización y empezaron a filtrarse datos y emails que evidenciaban sobresueldos en la ejecutiva y gastos excesivos inujustificados. Poco después, la jueza Mercedes Alaya implicó a UGT y CCOO en el caso ERE, acusándoles de percibir comisiones ilegales por valor de 4,3 millones de euros.
