El secretario general de UGT, Manuel Pastrana, anunció ayer un acuerdo con la Junta para que en las próximas semanas se libren fondos para pagar las prejubilaciones de trabajadores afectados por ERE, después de que el Gobierno paralizara estos pagos tras las irregularidades detectadas en el fondo destinado a estas ayudas y que investiga la jueza Mercedes Alaya.
Pastrana criticó que las irregularidades detectadas "con toda la gravedad que ello conlleva" -Empleo ha hallado 72 falsos prejubilados que han cobrado como afectados por ERE de empresas en las que nunca trabajaron y 111 distorsiones administrativas- no pueden afectar a "8.000 trabajadores cuyo único delito ha sido perder el empleo". Defendió que "es perfectamente compatible que se dejen de abonar las prejubilaciones a aquellas personas sobre las que haya algún tipo de sospecha" y se siga pagando al resto de trabajadores.
Mientras, el consejero de Empleo, Manuel Recio, tuvo que volver a responder ayer en el Parlamento a varias preguntas de la oposición sobre este asunto. Recio insistió en que no se plantea extender la investigación interna a los ERE que ya han terminado de pagarse si no aparecen indicios de irregularidad. Arremetió contra el PP por poner bajo sospecha todo el fondo destinado a estas ayudas con el que también se pagó la minuta del bufete de Manuel Olivencia -suegro del líder popular Javier Arenas- por un informe sobre la externalización de servicios en Santana. "No pienso que el suegro de Arenas haya cometido un fraude por cobrar de un fondo que ustedes dicen que es ilegal", aseveró tras desear que el PP actuara igual.
Por otra parte, en la instrucción judicial -para la que la Fiscalía se ha reforzado con un segundo fiscal Anticorrupción-, un socio de Saldauto detenido por la Policía ha exculpado al diputado socialista Ramón Díaz, al que un imputado, de la aseguradora Vitalia, apuntó como la persona que ordenó incluir a intrusos en el ERE de Saldauto.
