El sindicato UGT Andalucía ha reintegrado a la Junta más de un millón de euros de subvenciones públicas. Según fuentes de la organización, las subvenciones y ayudas devueltas al Gobierno andaluz, por iniciativa propia del sindicato, superan con creces los 25.000 euros que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció que habían sido recuperados por facturas indebidamente cobradas.
La Fiscalía investiga el presunto desvío de fondos públicos concedidos al sindicato UGT y que, aunque debían de estar destinados a la formación de parados u otras acciones propias de la negociación colectiva, supuestamente se utilizaron para pagar pancartas, fiestas y otros gastos internos del sindicato, en un caso que también instruirá la jueza de los ERE, Mercedes Alaya. Durante una entrevista concedida el pasado martes a 8TV Andalucía, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, negó con contundencia que haya sido la Junta la que haya reclamado las cantidades y aseguró que el dinero ha sido reintegrado por iniciativa del sindicato. Lo que no dejó claro es a qué corresponden las cantidades devueltas. Fuentes de la organización insistieron en que no todo se debe a cargos indebidos a los fondos públicos, sino que la mayor parte son fruto de partidas no ejecutadas por retrasos administrativos en la concesión de esos fondos. No obstante, Fernández Sevilla reclamó acudir al Parlamento y pidió a los partidos que soliciten su comparecencia. El PP, personado en esta causa, ya lo ha hecho.
Los 25.000 euros recuperados por la Junta se corresponden con dos facturas de más de 12.000 euros cada una y que, en un caso, se cobraron de forma indebida a la Junta por un acto del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y, en otro, por la celebración de una cena en la caseta de UGT-A en la Feria de Abril de Sevilla.
La Consejería de Economía ha abierto una investigación sobre los fondos públicos recibidos por UGT en 2009 y 2010.Ese procedimiento de información reservada, según informó en el Parlamento el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, supone la revisión de oficio de los expedientes y, si procede, se reclamará el reintegro de las facturas mal justificas o indebidamente gastadas por el sindicato. UGT Andalucía también ha abierto una investigación interna e hizo un depósito ante notario de 115.000 euros como garantía de que devolvería las ayudas desviadas.
La causa judicial se dirige contra UGT-A por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, apropiación indebida y delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y Hacienda. Este asunto, aunque es paralelo en el tiempo, no tiene nada que ver con el caso de los ERE, en el que también los sindicatos UGT y CCOO están en el punto de mira, acusados de presunta financiación irregular, de hasta 7,6 millones de euros, a través de las pólizas de prejubilaciones. Algo que ambas organizaciones niegan tajantemente, pese a haber varios sindicalistas imputados en la trama.
