UGT ha decidido llevar a la Fiscalía de Sevilla una serie de a su juicio irregularidades detectadas en la adjudicación del servicio externalizado de recogida de animales -desde las 14.30 horas hasta las 7,30 horas- en el Centro Municipal Zoosanitario (la antigua perrera municipal), una acción que el sindicato considera punto de partida para una teórica privatización integral.
Según ha explicado a Europa Press el delegado sindical de UGT en el Zoosanitario, Fernando Tejeiro, los trabajadores del centro dejaron de prestar este servicio el pasado mes de abril después de un tiempo desempeñándolo sin compensación alguna, frente a la petición sindical de llevar a cabo contrataciones puntuales para poder organizar turnos entre los propios empleados.
Así, ante la decisión de privatizar este servicio, los empleados remitieron una propuesta a la concejal de Salud y Consumo, Teresa Florido, sin respuesta oficial hasta la fecha, en la cual se sugería la ejecución de los trabajos mediante el personal de que actualmente se dispone en el negociado mediante un sistema presencial durante las mañanas y tardes y disponibilidad durante las noches, salvo los fines de semana y festivos, en los que el personal estaría presencialmente durante las mañanas y disponibles tardes y noches.
Finalmente, el Consistorio ha llevado a cabo la adjudicación de este servicio a la empresa Athisa, que desde principios de noviembre ejerce esta labor. No obstante, Tejeiro ha expuesto que, según la Ley de Contratos, el organismo no puede subcontratar sino cuestiones accesorias, "pero al ser una empresa DDD -desratización, desinfección y desinsectación- ha subcontratado lo referente al refugio de animales y a su recogida".
Además, según el delegado sindical de UGT, las dependencias para los caballos no tienen las condiciones adecuadas y el personal no tiene los cursillos de captura de animales y la experiencia mínima de tres meses requerida.
Asimismo, la central sindical ha alertado de que la concesionaria también incumple de manera "grave" el pliego de condiciones, en la medida en que "los animales no pueden ir en vehículos herméticamente cerrados y compartiendo el espacio con todo tipo de productos biocidas (tóxicos), como viene sucediendo". A juicio del sindicato, el Consistorio no ejerce su potestad, toda vez que los equipos técnicos tienen que supervisar las condiciones del contrato.
Todo ello, ha lamentado Tejeiro, se une a la situación del Zoosanitario, donde la falta de medios y los recortes en inversión -la reforma del centro ha pasado de tener un presupuesto de tres millones a uno de 500.000 euros- propician situaciones tales como que los trabajadores deben buscar alimentos complementarios al forraje para los animales, "porque no hay dinero para grano". "Es un abandono total", ha apostillado.
Por parte de la corporación local, desde la concejalía de Salud y Consumo se ha indicado a Europa Press que la contratación se hizo en base a los requisitos y condiciones con los que se trabaja con cualquier empresa, y que los técnicos municipales están pendientes de todo lo necesario.
